Mercado de Monte Alto, en La Coruña
Un arquitecto reclama 700.000 euros al Ayuntamiento de La Coruña en base en un contrato verbal
El Gobierno socialista admite que esta actuación constituye «un encargo carente de los requisitos esenciales de validez y publicidad» que deben regir «los contratos del sector público»
El Ayuntamiento de La Coruña ha recibido una reclamación de un arquitecto que exige el pago de 700.000 euros por un encargo que recibió por parte de la Concejalía de Urbanismo para actualizar y ampliar un proyecto de obra. En concreto, ha remitido un escrito a la Junta de Gobierno Local en el que solicita el restablecimiento del equilibrio económico de su contrato.
El conflicto tiene su origen en el concurso público que este profesional de la arquitectura ganó en el año 2018. Según recoge la reclamación, este elaboró una propuesta técnica basada en un presupuesto de ejecución de 3,77 millones de euros para remodelar el mercado municipal de Monte Alto. Sin embargo, el contrato salió a concurso público en 2022, sin que ninguna empresa se presentase al procedimiento.
El Ayuntamiento solicitó una actualización y modificación del proyecto. Este profesional alega que los cambios impuestos por la Administración local elevaron el presupuesto de las obras de rehabilitación de la plaza, el mercado y la escuela infantil de Monte Alto de 3,7 a más de 10,4 millones de euros.
Cambios
Según recoge el escrito, el nuevo diseño, entregado en junio de 2022, no solo actualizó precios, sino que incorporó importantes cambios que no estaban previstos inicialmente: la creación de un mercado provisional en la plaza Indalecio Prieto, un proyecto de urbanización perimetral que incluye la peatonalización de calles, el diseño completo de los puestos del mercado y el equipamiento de la escuela infantil y cambios estructurales en instalaciones para mejorar la eficiencia energética.
Como resultado, el presupuesto se situó en 10,4 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,75 la carga de trabajo y responsabilidad del arquitecto, según recoge el escrito.
«Así las cosas, con fecha 17 de marzo de 2022, fue requerido de urgencia por la Jefa de Servicio de Edificación del Área de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad para realizar un nuevo proyecto para su licitación en 2022, cuyos requerimientos no están incluidos en el contrato en vigor, por el que ya había sido abonado el importe correspondiente a la fase I, lo que se puso de manifiesto desde la primera reunión el 30 de marzo de 2022», afirma el reclamante.
Este técnico también indica que se realizó «un nuevo trabajo» y se asumieron «gastos» debido «a las diversas demoras» por parte del Ayuntamiento, sin que se haya reequilibrado «el contrato acorde a estas nuevas condiciones».
La reclamación presentada incluye los honorarios correspondientes a la redacción del nuevo proyecto básico y de ejecución (332.364 euros), dirección de obra (221.576 euros), dirección de ejecución de obra (127.577 euros) y honorarios por trabajos ajenos a la dirección facultativa de las obras (18.900 euros).
Verbal
El Gobierno local presidido por la socialista Inés Rey aprobó la tramitación de un expediente para analizar esta reclamación. En una resolución del Área de Planificación Estratégica se señala que «parece evidente» que se trata de un «encargo verbal».
«Queda constatado, por lo tanto, la existencia de un contrato verbal, por lo que se le encarga al mismo redactor —adjudicatario del contrato original— la elaboración de un proyecto que parte del proyecto anterior, pero incluye la revisión de precios, la adaptación a la normativa vigente y la incorporación de nuevas actuaciones que guardan relación con el objeto inicial», asegura el Ayuntamiento de La Coruña.
Además, el Ejecutivo local avisa de que, al no seguirse «los mecanismos formales establecidos por la normativa» en materia de contratación pública, esta actuación constituye «un encargo verbal carente de los requisitos esenciales de validez y publicidad que deben regir los contratos del sector público».