Guerra abierta entre PP, PSOE y BNG en el Senado por la transferencia de la AP-9

La situación de la AP-9 es de sobra conocida. Es un tema controvertido que incluso crea consenso entre las fuerzas políticas de Galicia, lo cual es mucho decir. La carretera con peaje que une el norte de la comunidad con el sur y hasta Portugal es una sangría para los bolsillos de los gallegos.

Son muchas las ocasiones en las que la Xunta de Galicia ha tratado de pedir, sin éxito, al Gobierno de Pedro Sánchez una solución. Este miércoles, el PP, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, ha reiterado su petición de transferir la titularidad de la autopista del Atlántico AP-9, así como las competencias sobre el régimen jurídico de su concesión administrativa y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.

La formación no se ha quedo sola en esta moción no vinculante, que considera un «bloqueo deliberado» en el Congreso de los Diputados, porque ha contado con el apoyo de Junts y el BNG, pero no con el PSOE ni Vox. PNV, ERC o EH Bildu han optado por la abstención. Hasta la fecha, se han acumulado hasta 60 prórrogas del plazo de enmiendas a la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

«Hablan de transferir solo la gestión, pero no la titularidad, es decir, aparentar sin ceder el control real. Eso no es cumplir con Galicia, eso es engañar a Galicia», ha asegurado el senador popular José Manuel Balseiro Orol, durante el Pleno de la Cámara Alta, cuyo texto ha tenido acceso Europa Press.

Aprobada por unanimidad una proposición de ley

En el texto, los populares recuerdan que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición de ley para reclamar esta transferencia y critican que su tramitación en el Congreso estuvo marcada por «obstáculos» y sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas que, a su juicio, suponen un «bloqueo» a una demanda que aseguran que cuenta con un amplio respaldo social.

En este sentido, el PP ha subrayado que la transferencia «no es un capricho», sino «justicia institucional, respeto al autogobierno y coherencia democrática», y ha reclamado que el Gobierno actúe tras haber reiterado por escrito que el contrato de concesión administrativa de la AP-9 «está plenamente en vigor» y que, por tanto, «no procede su rescate».

Enmiendas del PSOE y BNG

Ante esto, el Grupo Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) han presentado enmiendas, ambas rechazadas por los populares. El senador socialista Manuel Mirás Franqueira ha subrayado que la AP-9 «no es una infraestructura cualquiera», sino un «eje vertebrador» que conecta puntos estratégicos, por lo que cualquier decisión debe adoptarse «con rigor jurídico, memoria política y responsabilidad institucional».

Además, Mirás ha recordado que la concesión fue ampliada hasta 2048, bajo el Gobierno de José María Aznar, y que el contrato «sigue plenamente vigente», lo que condiciona cualquier actuación.

Por ello, el PSOE ha planteado consolidar las bonificaciones actuales y ha solicitado informes técnicos, jurídicos y financieros «necesarios» antes de abordar un posible traspaso. «La política útil no consiste en cambiar el titular administrativo de una autopista, sino en garantizar que los ciudadanos paguen menos», ha afirmado Mirás, defendiendo que el objetivo debe ser avanzar hacia la gratuidad de la AP-9 desde «la eficacia y la sostenibilidad».

Por su parte, la senadora del BNG Carme Da Silva Méndez ha reclamado el inicio de los trámites para anular la prórroga «ilegal, según la Comisión Europea, de la concesión hasta 2048. Esta prórroga, aprobada bajo el Gobierno de Aznar, tiene como consecuencia la «penalización a Galicia» con el pago de peajes. «Es una estafa a la sociedad gallega», ha sentenciado Da Silva.

Las contradicciones del PSOE y BNG

Ante esto, la senadora popular Nidia María Arévalo Gómez ha calificado las enmiendas del PSOE y del BNG de «una auténtica vergüenza y un insulto a Galicia», al considerar que ambos partidos se contradicen de la posición que respaldaron en el Parlamento gallego, donde apoyaron por unanimidad esta iniciativa.

A su juicio, los socialistas «tienen un discurso en Galicia y otro en Madrid» y mantienen «secuestrada» la iniciativa legislativa en el Congreso, que, según ha denunciado, tras acumular hasta 60 prórrogas del plazo de enmiendas. «Es una burla», ha afirmado durante su intervención.

Con la aprobación de esta iniciativa, el Senado insta formalmente al Ejecutivo a proceder al traspaso de la AP-9 a la Xunta de Galicia, una transferencia que, según el PP, «no es un capricho, es justicia institucional, respeto al autogobierno y coherencia democrática».

Por su parte, Vox ha votado este jueves en el Senado en contra de la moción del PP de transferir la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia al considerar que se trataría de una medida inconstitucional y que, además, no supondría mejora alguna para los gallegos.

Para la senadora de Vox Paloma Gómez ha asegurado que la AP-9 debe de ser gratuita, «habida cuenta de las irregularidades cometidas en la prórroga de la concesión con peajes abusivos y una gran falta de inversión».

En su intervención, Gómez ha recordado que tras el ultimátum de la CE por las irregularidades en la concesión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría anular la concesión y la liberar la autopista, por lo que ha considerado «inútil» este debate.

Para Vox, la solución a la gestión de infraestructuras estratégicas no es ceder competencias ya que «la experiencia nos enseña que la gestión autonómica de infraestructuras de gran envergadura no garantiza la eficiencia ni la sostenibilidad económica».