El Supremo decide este jueves si el Pazo de Meirás corresponde a los Franco o la Xunta

El Tribunal Supremo se reúne este jueves para deliberar y votar sobre la propiedad del Pazo de Meirás, en un proceso judicial que debe determinar de forma definitiva si el inmueble pertenece al Estado, tal y como dictaminaron las instancias anteriores, o a los herederos de Francisco Franco, que mantienen su reclamación.

La reunión de la Sala Primera, de lo Civil, está prevista a partir de las 10:00 horas, aunque el sentido del fallo podría no conocerse hasta que se redacte la sentencia. El magistrado Pedro José Vela Torres actuará como ponente en una sala en la que también participa el magistrado coruñés José Luis Seoane Spiegelberg.

El origen de un pazo muy disputado

El pazo, situado en Sada (La Coruña), fue construido a finales del siglo XIX por iniciativa de la escritora Emilia Pardo Bazán. Décadas después, durante la Guerra Civil, pasó a manos de Franco, lo que acabó siendo punto de discordia en las resoluciones judiciales posteriores.

Tras la muerte de Franco en 1975, la familia utilizó el inmueble durante décadas hasta que el Gobierno inició una acción judicial para incorporarlo al patrimonio público, respaldada por la Xunta de Galicia, la Diputación de La Coruña, el Ayuntamiento coruñés y el de Sada. En 2020, un juzgado coruñés dio la razón al Estado, que pasó a ser propietario del edificio, aunque el caso continuó en los tribunales a raíz de los recursos presentados por los Franco.

Una de las cuestiones más complejas del litigio ha sido la relativa a los bienes del interior. En un procedimiento paralelo, el Estado logró que se reconociera la titularidad pública de 559 elementos vinculados al inmueble.

Posteriormente, en 2021, la Audiencia Provincial de La Coruña confirmó que el edificio era del Estado, pero consideró que los Franco debían ser indemnizados por los gastos asumidos entre 1975 y 2020, al estimar que actuaron como poseedores «de buena fe». Este punto también está recurrido por las administraciones públicas.

La decisión del Supremo llega en un contexto de gran expectación social y política. Más de una veintena de colectivos izquierdistas, encabezados por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de La Coruña, consideran que el fallo puede marcar un precedente en relación con otros bienes vinculados al franquismo, como la Casa Cornide, que sigue en manos de la familia.