Santiago frena los edificios turísticos: aprobada la suspensión cautelar de licencias por un año

El pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha dado luz verde a la suspensión cautelar, durante un periodo de un año, de la concesión de licencias de hospedaje para transformar edificios residenciales completos en equipamientos destinados a uso turístico. La medida se aplicará mientras el gobierno local trabaja en una modificación de la normativa urbanística para regularlos.

La iniciativa salió adelante con los votos favorables del bipartito formado por BNG y Compostela Aberta, así como de las concejalas no adscritas y el PSOE. El PP optó por la abstención, aunque criticó la decisión al considerar que supone una nueva restricción en la política urbanística municipal.

Críticas a la «escalada normativa»

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, explicó que el foco se sitúa en los apartamentos turísticos entendidos como bloques completos destinados al alojamiento, una modalidad regulada a nivel autonómico. Según indicó, la normativa municipal modificada en 2023 no evita la posible proliferación de este modelo, que difiere del hotel tradicional al carecer de servicios como recepción o restauración.

El edil señaló que este tipo de implantación resulta compleja en edificios con división horizontal, pero puede darse cuando no existe o cuando el inmueble pertenece a un único propietario. Aunque subrayó que la situación no se ha extendido ni se produce a gran escala, en 2025 solo se concedieron tres licencias, defendió que la suspensión busca «anticiparse» a posibles problemas futuros y revisar los requisitos de implantación.

Desde el grupo popular, el concejal José Antonio Constenla criticó lo que considera una «escalada normativa» en la acción urbanística del gobierno local. A su juicio, las prohibiciones por sí solas no contribuyen a crear vivienda, rehabilitar edificios ni aumentar el parque público. Pese a ello, el PP optó por la abstención e instó al Ejecutivo municipal a dialogar con los sectores afectados durante la elaboración de la nueva regulación.

También expresó reparos la concejala no adscrita Mercedes Rosón, quien, aunque votó a favor, cuestionó el procedimiento seguido y reclamó que la norma se base en datos y no solo en planteamientos teóricos. Con todo, defendió priorizar el uso residencial frente al turístico al considerar que la oferta actual está suficientemente dimensionada.

Por su parte, el portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, manifestó dudas sobre el problema concreto que la medida pretende resolver y sobre su impacto real en el mercado de vivienda. Aun así, el PSOE respaldó la suspensión, aunque advirtió de que mantendrá una actitud «vigilante» durante el proceso de modificación normativa, que calificó de posible «maquillaje político» si no se traduce en soluciones efectivas.

Con la aprobación de la suspensión cautelar, el área de Urbanismo abre ahora un periodo de trabajo para redefinir las condiciones de implantación de este tipo de alojamientos.