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La Coruña mantiene el pulso con los Franco por la Casa Cornide y rechaza archivar el proceso para recuperarla

El pleno del Ayuntamiento ha decidido continuar por con procedimiento de revisión al considerarlo de interés general

La Coruña mantiene el pulso con los Franco. El pleno municipal ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público.

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de La Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de La Coruña.

Fue en el año 2024 cuando el Ayuntamiento de La Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad.

El pleno, por unanimidad del PSOE, el PP y el BNG, ha aprobado la «declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio» y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general.

Evitar la caducidad del proceso y el archivo

Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de La Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente.

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio.

De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla.

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años.

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, La Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

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