El socialista Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de La Coruña
La Diputación de La Coruña impone su agenda ideológica con ayudas para borrar símbolos franquistas
Pone a disposición de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes un total de 150.000 euros
En un momento en el que los pequeños municipios gallegos claman por mejores infraestructuras y servicios básicos, la Diputación de La Coruña ha decidido redoblar su apuesta por la intervención ideológica. El ente provincial ha activado una línea de ayudas dirigida específicamente a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para la supresión de símbolos franquistas.
El objetivo de esta iniciativa es «transformar los espacios públicos en lugares de convivencia democrática, eliminando cualquier vestigio de exhaltación del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura posterior al tiempo que dignifica a las figuras que sufrieron la represión».
Así lo ha expuesto la diputada de Igualdad, Lengua y Derechos Civiles, Sol Agra, durante la presentación de este plan estratégico diseñado para apoyar económicamente a municipios pequeños. «Sobre todo a aquellos que tienen más dificultades en su día a día para poder autofinanciarse», ha concretado.
Lo ha hecho tras apuntar que «muchas veces son problemas presupuestarios los que impiden cumplir con la legalidad vigente en materia de Memoria Democrática».
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 16 marzo y permanecerá abierto hasta el 15 abril. Las ayudas oscilarán entre los 3.000 y 10.000 euros por entidad beneficiaria.
Según ha citado Agra, las subvenciones irán destinadas, entre otras medidas, a la retirada de escudos, insignias, placas, esculturas o menciones conmemorativas que aún persisten en edificios o vías públicas y a la posterior restauración de los bienes e inmuebles afectados.
Esta iniciativa, ha recalcado, pone énfasis en la pedagogía social mediante el fomento de actividades de divulgación e incluye la señalización y mantenimiento de espacios de memoria, así como actos de reconomiento para colectivos y personas perseguidas por sus ideas, creencias, identidad u orientación sexual entre el 18 de julio 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
