El Pazo de Meirás: de fuente de inspiración para Pardo Bazán a residencia de veraneo de Franco

este jueves, el Tribunal Supremo ha confirmado que los nietos de Francisco Franco tendrán que devolver al Estado el Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada.

La historia de este lugar es tan variopinta como interesante. La afamada escritora Emilia Pardo Bazán, tras heredar los terrenos, mandó construir la actual edificación. No se trataba de su vivienda habitual sino que la elegía para pasar parte del año, especialmente en su biblioteca. La condesa elegía una de las torres más altas para escribir parte de su literatura y convirtió el lugar en un sitio recurrente de aristócratas y reuniones sociales. Su propia hija, Blanca, contrajo matrimonio allí con el coronel Cavalcanti.

A su muerte, causada por una diabetes, fue su hijo Jaime de Quiroga el que heredó el Pazo. Sin embargo, su asesinato en a comienzos de la Guerra Civil a manos de anarquistas hizo que la propiedad pasase a su mujer Manuela Esteban-Collantes.

Un par de años más tarde, la denominada como «Junta pro Pazo del Caudillo» adquirió por 400.000 pesetas el Pazo con la intención de darle a Franco un lugar representativo en Galicia. La polémica está aquí por el supuesto cobro de una 'donación' a los vecinos de la localidad.

La entrega del inmueble al dictador se formalizó en 1938 y, desde entonces, el Pazo de Meirás pasó a convertirse en la residencia oficial de verano de Franco en Galicia. Durante décadas, el complejo fue utilizado por el jefe del Estado para pasar sus vacaciones y celebrar recepciones oficiales. Ministros, altos cargos del régimen y diversas personalidades acudían con frecuencia al lugar. Era, de hecho, un lugar elegido frecuentemente para las reuniones con los miembros de su Gobierno.

Tras la muerte de Franco en 1975, la propiedad pasó a manos de su familia, que mantuvo el control del inmueble durante más de cuatro décadas. También llevó a cabo y financió el mantenimiento del lugar. Durante ese tiempo, el acceso al recinto fue muy limitado y el debate sobre la legalidad de la adquisición comenzó a cobrar cada vez más fuerza.

Con el paso de los años, esta controversia derivó en un largo proceso judicial impulsado por el Estado y apoyado por la Xunta de Galicia, la Diputación de La Coruña y varios ayuntamientos de la zona. Las instituciones defendían que el Pazo había sido entregado a Franco como jefe del Estado y no como propiedad privada, por lo que, tras el fin del Franquismo, debía revertir al patrimonio público.

Este jueves, el Supremo ha subrayado que la demanda indicaba expresamente que la familia Franco era poseedora de buena fe del Pazo, por lo que deberán ser indemnizados cuando se devolviese el inmueble.