Suspenso en Galicia: las Zonas de Bajas Emisiones no avanzan y solo dos ciudades cumplen, según un informe

Galicia no logra ponerse al día en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una de las principales herramientas impulsadas desde Europa para reducir la contaminación urbana. Un informe reciente del Consejo de Cuentas dibuja un panorama preocupante: la mayoría de las ciudades gallegas incumple los plazos y presenta importantes carencias técnicas que cuestionan su eficacia real.

El informe advierte de que este desfase no es solo una cuestión administrativa. La falta de desarrollo de las ZBE compromete directamente la mejora de la calidad del aire, la reducción de emisiones contaminantes y el cumplimiento de los objetivos climáticos marcados por la Unión Europea. Además, pone en riesgo la captación de fondos estatales vinculados al Plan de Recuperación, al no cumplirse los hitos exigidos.

Las dos ciudades gallegas que cumplen

Solo La Coruña y Pontevedra han implantado estas zonas conforme a lo exigido por la normativa estatal para municipios de más de 50.000 habitantes. Frente a ellas, Vigo, Lugo, Orense, Ferrol y Santiago de Compostela siguen acumulando retrasos en diferentes fases del proceso, desde la tramitación inicial hasta proyectos aún sin aplicación efectiva.

Más allá de los retrasos, el documento del órgano fiscalizador detecta problemas estructurales en la mayoría de proyectos. Entre ellos, destaca la ausencia de diagnósticos previos sólidos, la falta de planes de calidad del aire y la escasa coordinación institucional en varias ciudades.

En algunos casos, como Santiago de Compostela o Lugo, se advierte incluso de que las delimitaciones propuestas responden a un cumplimiento «formal», sin una estrategia real de transformación urbana. Por ello, el informe recomienda revisar los perímetros definidos y ampliarlos hacia zonas con mayor tráfico y mayor impacto ambiental.

También se detectan carencias en los propios proyectos técnicos, que en muchos municipios no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la normativa estatal. Incluso en ciudades que han avanzado más, como La Coruña o Pontevedra, se señalan aspectos a mejorar: desde la necesidad de perfeccionar los documentos técnicos hasta la adaptación a los marcos legales vigentes.

Medición deficiente y falta de objetivos

Otro de los puntos críticos es la falta de herramientas eficaces para evaluar el impacto de las ZBE. El informe revela que, en la mayoría de los casos, los medidores de calidad del aire están situados fuera de las zonas restringidas, lo que dificulta conocer con precisión si estas medidas están funcionando. Solo La Coruña, Pontevedra y Ferrol cuentan con dispositivos correctamente ubicados dentro de las áreas o en sus accesos, lo que permite un seguimiento más fiable.

A esta limitación se suma la ausencia de objetivos claros y cuantificables. El Consejo de Cuentas insiste en la necesidad de fijar metas medibles, como la reducción del uso del vehículo privado o la disminución de emisiones, y establecer sistemas de control que permitan evaluar los avances de forma continua.

El organismo fiscalizador lanza varias recomendaciones para reconducir la situación: acelerar de forma inmediata los trámites en los municipios rezagados, adaptar los planes de movilidad a la normativa vigente, mejorar la red de medición de contaminantes y desarrollar proyectos técnicos completos y coherentes.

Asimismo, subraya la importancia de impulsar un cambio real en el modelo de movilidad urbana, que permita reducir el peso del coche privado, con el objetivo de alcanzar una disminución del 35 % en 2030, y avanzar hacia ciudades más sostenibles.

El informe concluye con una advertencia clara: sin una reacción rápida y coordinada, Galicia corre el riesgo de quedarse atrás en la transición ecológica. Por ahora, el balance es contundente: suspenso generalizado en la implantación de unas zonas llamadas a ser clave en la lucha contra la contaminación urbana.