Galicia acelera el control de las bajas laborales: inspectores y mutuas se alían contra el fraude

Con un coste que supera los 2.200 millones de euros al año (el 3 % del PIB regional), Galicia se sitúa como la segunda comunidad con más absentismo laboral por incapacidad temporal. Esta factura económica es el principal detonante del nuevo plan de control de la Xunta, cuya única intención —en palabras del presidente Alfonso Rueda— es hacer frente a este «problema estructural de primera magnitud» y «garantizar que esté de baja quien debe estarlo».

Después de la constitución de la Mesa de Diálogo Social a finales del pasado mes de abril para abordar el problema, poco a poco se van conociendo las primeras medidas tomadas para reducir el impacto del absentismo laboral en Galicia.

La Administración autonómica reforzará en las próximas semanas los equipos de Inspección de Servicios Sanitarios con la incorporación de 18 nuevos profesionales: nueve profesionales inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios repartidos en las siete áreas sanitarias de Galicia. El fin es «dar respuesta a las medidas de mejora de la gestión de las bajas laborales que la Xunta de Galicia quiere llevar a cabo», tal y como explicó Rueda en una rueda de prensa esta semana.

El refuerzo en las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral se extenderá, al menos, durante tres años y conlleva una inversión de más de tres millones de euros.

Mayor autonomía de las mutuas

No es el único cambio. Asimismo, el Consejo de la Xunta acordó modificar las instrucciones de la Consejería de Sanidad por las que se establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las bajas laborales para «conseguir que el proceso sea cada vez más resolutivo». Otorga un mayor papel a las mutuas, que tendrán mayor capacidad de decisión en la revisión de bajas, pero siempre deberán estar debidamente «motivadas y completadas».

La última palabra «seguirá siendo de la sanidad pública» a través de Inspección. Si hubiese dudas, se convocará al paciente a un reconocimiento médico presencial antes de resolverse su situación.

Asimismo, la Xunta ha establecido una autorización única para que las mutuas no tengan que tramitar una solicitud individual por cada prueba que requieran. Una sola autorización habilitará todas las pruebas y procedimientos terapéuticos necesarios, «con lo que se ganará en agilidad».

«Para conseguir que el proceso sea más resolutivo, las mutuas ya no tendrán que solicitar una autorización para cada prueba que realicen, bastará una única solicitud por trabajador para llevar a cabo las pruebas que sean necesarias», resume Rueda.