Entrevista a Rafael Serrano, vicepresidente de Aviturga  «La anulación del registro único de alquileres turísticos demuestra el acoso del Gobierno a los propietarios»

El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, celebra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad del Registro Único de arrendamiento de corta duración al considerar que el Estado carece de competencias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que este procedimiento impulsado por el Ministerio de Vivienda «se superpone a los registros autonómicos existentes respecto de la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos».

La anulación de este censo, que se puso en marcha de forma definitiva en julio del pasado año y obligaba a identificar y controlar las viviendas que se alquilan a turistas en plataformas de internet y también los inmuebles de arrendamiento de temporada, se veía venir de lejos.

«El Consejo de Estado emitió un contundente dictamen en diciembre de 2024 alertando de todos los aspectos que el Tribunal Supremo anuló la semana pasada: invasión de competencias turísticas de las comunidades autónomas...», explica Serrano en conversación con El Debate, a la vez que añade que «suponía una duplicidad y convertía a los registradores de la propiedad en una suerte de agencia fiscalizadora del Estado».

Pese a las advertencias, el Gobierno continuó con sus planes de aprobar el Número de Registro Único de Alquileres. A principios de este año, el TRIS, órgano de la Comisión Europea mediante el que la Unión Europea controla preventivamente las leyes técnicas de los Estados para «proteger el mercado único», advirtió que tenía que eliminar la duplicidad de registros que existía en España antes del 20 de mayo al cumplir ya las comunidades autónomas con la normativa de la UE.

«Justo un día antes, el 19 de mayo, sale publicada la sentencia del Supremo que anula todo el Registro Único. Menuda puesta en evidencia de un acoso que llevamos años sufriendo los propietarios de viviendas que se alquilan por días», dice Serrano.

Demandas de los propietarios

Galicia ya contaba con ese registro en las plataformas de internet, además de exigir enviar información de ocupación a efectos estadísticos gracias a una modificación en 2020 del artículo 65 de la Ley de Turismo de Galicia. «Por eso es tan flagrante la invasión de competencias, porque, además de demostrarse ilegal, era innecesaria. Galicia no necesitaba que Madrid nos dijese cómo hacer las cosas», remarca el vicepresidente de Aviturga.

Ante este agravio, «los despachos de abogados ya están preparando demandas por daños económicos y perjuicios para aquellos que pagaron las tasas de solicitud del registro único ahora anulado». Tal y como confirma Serrano, muchos de los propietarios no pudieron alquilar sus viviendas por la falta de ese numerito y otros se gastaron dinero para conseguirlo.

Aunque lo más grave para el experto es que «el Colegio de Registradores, haciendo una cabriola jurídica, asimiló la obligación de la ley hipotecaria con el registro único». Los que pagaron su propiedad sin solicitar una hipoteca, tuvieron que pagar el proceso de registro, que se estima entre los 6.000 y 9.000 euros por vivienda. Otros tantos no se pudieron permitir asumir esa cantidad y no pudieron arrendar. «Es un bochorno nacional que se desmonte una estructura tan fiscalizadora por el Tribunal Supremo. Es un palo que demuestra que se estaba acosando al colectivo», reitera sobre el acoso tanto por parte del Ministerio de Vivienda como del Colegio de Registradores con campañas masivas.