Condenan al Ayuntamiento de Abel Caballero por la inseguridad laboral de sus bomberos: «Están en grave riesgo»

La jueza de la plaza 3 de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por los incumplimientos en materia de prevención y seguridad laboral en el servicio de Bomberos, poniendo «en grave riesgo» a los trabajadores y también al «interés general», dada la naturaleza del servicio que prestan a la ciudad.

En una sentencia del pasado 25 de mayo, la magistrada estima una demanda interpuesta por el sindicato CUT, y con intervención de otras centrales sindicales (Casipol, UGT y CIG), contra el Ayuntamiento de Vigo por «desatender las situaciones de riesgo» a las que están expuestos los trabajadores del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

En la resolución, se considera probado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó varias actuaciones y, en febrero de 2024, dio al Ayuntamiento un plazo de 3 meses para actualizar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales; y un plazo de 6 meses para hacer una revisión de la evaluación de riesgos para la seguridad y la salud de los bomberos.

La jueza ha constatado que el actual Plan de Prevención es del año 2010 y que, desde entonces, ha habido variaciones en el servicio, como el número de efectivos, cambios en los centros de trabajo o traslados. Igualmente, la evaluación de riesgos data del año 2018 y la planificación de actividades preventivas es de 2019, y del mismo modo se han producido desde entonces cambios en el servicio que afectan a dicha evaluación.

A la vista de las declaraciones de testigos y de la documentación aportada, la magistrada ha constatado que «se mantienen» los incumplimientos apuntados por la Inspección de Trabajo. «Todo ello, evidencia el grave riesgo, no solo para los trabajadores, sino también para el interés general, a la vista de la importante actividad desarrollada por el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Vigo», expone en su sentencia.

Por todo ello, ha estimado la demanda y ha condenado a la administración municipal «a dar cumplimiento efectivo a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».