Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo
Abel Caballero se niega a comparecer por la imputación de homicidio imprudente de su edil de Seguridad
La sesión del 19 de junio sí debatirá el cese inmediato de Patricia Rodríguez, la creación de una comisión de investigación y el traslado de las condolencias a la familia del joven fallecido
la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario en Vigo para conocer los detalles de la imputación por homicidio imprudente de la edil de Seguridad por el accidente mortal en una atracción de feria en las fiestas de Matamá, el pasado 3 de agosto de 2024, no ha salido como esperaba el PP y BNG.
Aunque a Abel Caballero no le ha quedado más remedio que fijar una fecha para el pleno, que se celebrará el próximo 19 de junio, como así exigían los partidos políticos para que diese explicaciones, el alcalde no comparecerá.
La convocatoria obvia esa solicitud de comparecencia, aunque incluye las otras propuestas de acuerdo: la exigencia del cese inmediato de la concejal de Seguridad, la creación de una comisión de investigación y el traslado de las condolencias del Ayuntamiento a la familia del fallecido.
Como justificación, el Gobierno local alega que PP y BNG «pretenden vulnerar el reglamento del Pleno», ya que las comparecencias de los miembros del Gobierno se tienen que votar, según dice el propio Reglamento de este órgano. «Pero pretenden decidir ellos sin votación, debe ser que para ellos la democracia no existe», señala el concejal Carlos López Font en declaraciones remitidas a los medios.
Auto demoledor
En el auto, el juez del Tribunal de Instancia de Vigo concluye que la edil del gobierno del socialista Abel Caballero, al tener conocimiento de que la atracción podría estar operando de forma irregular, tenía «el deber jurídico ineludible» de «adoptar las medidas necesarias» para evitar que siguiera funcionando sabiendo que la atracción podría estar operando de forma irregular. Como autoridad competente, debería haber ordenado el «cese inmediato» o su «precinto», según el auto.
En el mismo, se afirma que limitarse a enviar un correo a la Policía Local con las irregularidades de la atracción de feria es «una medida manifiestamente insuficiente e ineficaz». Asimismo, el juez imputa al propietario de la atracción, Genaro Manuel M.D.S., que abrió la atracción sin permiso del Ayuntamiento. «Debió supervisar que la atracción se adaptaba a los requisitos e innovaciones técnicas existentes, debiendo mantenerla en condiciones aptas para desarrollar la actividad a la que estaba destinada», se puede leer en el auto.
