La ley para transferir la AP-9 a Galicia avanza en el Congreso pese al rechazo de PP y Vox

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, con el único rechazo de PP y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara Baja.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar y, pese a que los socialistas habían presentado inicialmente enmiendas en otro sentido, incluye la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta.

El acuerdo entre las tres formaciones llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo, paso que dio con el voto en contra de los populares (que alegan que el texto difiere del que salió del Parlamento de Galicia) y de Vox. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe para que la ley de la AP-9 continúe su recorrido parlamentario y se eleve al Pleno.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes, PP y Vox han cargado contra el acuerdo alcanzado entre estas formaciones, mientras que BNG y Sumar han ido más allá del traspaso de la AP-9 y han insistido en su reivindicación de eliminar el peaje de la vía.

«No a cualquier precio»

El PP de Galicia mantiene que este acuerdo es «un pacto de traidores» al considerar que «rebaja» la ley que en su día salió de la Cámara autonómica. Los populares sostienen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende «ahorrar una vez más a costa del bolsillo de los gallegos y gallegas».

«Galicia quiere la transferencia de la AP-9, pero a base de la voluntad expresada en la cámara, no a cualquier precio», ha reivindicado el diputado Celso Delgado, quien ha reivindicado que deben garantizarse «los recursos económicos necesarios» para su gestión, y ha tildado el acuerdo de «maniobra política opaca y muy desleal», además de afear la «hipocresía» del BNG al «votar de un modo en Galicia y de otro en Madrid».

Asimismo, ha puesto el acento en que el enfoque de las enmiendas presenta «serios indicios de inconstitucionalidad», ya que «no transfiere inmediatamente la autopista y sus competencias, sino que obliga al Estado y a Galicia a acordar las condiciones concretas del traspaso», lo cual, considera, «es incorrecto».

Por su parte, Vox, a través de su diputado José María Sánchez, ha criticado la «falsa transferencia de la AP-9» al considerar que se trata de «un brindis al sol electoralista». Remarca que mantiene «su defensa firme de la gratuidad de la autopista ante las graves irregularidades cometidas en la prórroga de la concesión y los peajes abusivos» que sufren los usuarios, pero remarca que «el supuesto traspaso no supone mejora alguna para Galicia».