El silencio de Abel Caballero por la imputación por homicidio de una de sus ediles llega a la Valedora del Pueblo

La negativa del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de comparecer en el pleno extraordinario que se celebrará el próximo 19 de junio para conocer los detalles del caso Saltamontes y la imputación por presunto homicidio imprudente de la edil de Seguridad por el accidente mortal en la atracción de feria en las fiestas de Matamá, el pasado 3 de agosto de 2024, llega a la Valedora del Pueblo.

El BNG ha presentado una queja tan solo un día después de que el juez de Instrucción de Vigo que investiga el accidente mortal del Saltamontes desestimase el recurso de reforma presentado por la concejal Patricia Rodríguez contra el auto que ordenaba proseguir las actuaciones contra ella.

Pese a la gravedad de los hechos, desde el Ayuntamiento no dan explicaciones. Sí se celebrará este viernes el pleno extraordinario después de la solicitud de los siete concejales de la oposición, PP y BNG, pero Caballero no dará comparecerá, como así le piden el resto de partidos.

Como justificación, el Gobierno local alega que PP y BNG «pretenden vulnerar el reglamento del pleno», ya que las comparecencias de los miembros del Gobierno se tienen que votar, según dice el propio reglamento de este órgano. «Pero pretenden decidir ellos sin votación, debe ser que para ellos la democracia no existe», señala el concejal Carlos López Font en declaraciones remitidas a los medios.

Sin embargo, la oposición considera que, ante la gravedad de las acusaciones por homicidio imprudente, la comparecencia del regidor es una obligación democrática ineludible. «La actuación denunciada afecta al ejercicio de derechos fundamentales por parte de miembros electos de una corporación local gallega y se refiere a la actuación de una administración pública sometida a la supervisión de la Valedora del Pueblo», justifican desde el BNG para fundamentar la urgencia de su queja.

Auto demoledor

En el auto, el juez del Tribunal de Instancia de Vigo concluye que la edil del Gobierno del socialista Abel Caballero, al tener conocimiento de que la atracción podría estar operando de forma irregular, tenía «el deber jurídico ineludible» de «adoptar las medidas necesarias» para evitar que siguiera funcionando sabiendo que la atracción podría estar operando de forma irregular. Como autoridad competente, debería haber ordenado el «cese inmediato» o su «precinto», según el auto.

En el mismo, se afirma que limitarse a enviar un correo a la Policía Local con las irregularidades de la atracción de feria es «una medida manifiestamente insuficiente e ineficaz». Asimismo, el juez imputa al propietario de la atracción, Genaro Manuel M.D.S., que abrió la atracción sin permiso del Ayuntamiento. «Debió supervisar que la atracción se adaptaba a los requisitos e innovaciones técnicas existentes, debiendo mantenerla en condiciones aptas para desarrollar la actividad a la que estaba destinada», se puede leer en el auto.

Sigue el frente de Seguridad

Ante este escenario, Abel Caballero sigue manteniendo a Patricia Rodríguez al frente de la Concejalía de Seguridad. Además, no solo no ha sido destituida sino que desde el Ayuntamiento trasladaron la «absoluta convicción» en el «buen trabajo» desarrollado por la concejala, además de subrayar su «confianza total» en la Justicia, recordando que el proceso «sigue su curso», por lo que el auto será recurrido «en tiempo y forma».