El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome
La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación par Jácome, lo que le dejaría fuera de las próximas elecciones
Considera que compatibilizó su dedicación exclusiva al frente del Ayuntamiento con actividades empresariales privadas sin la autorización obligatoria del pleno municipal
El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos después de que la Fiscalía considere que compatibilizó su dedicación exclusiva al frente del Ayuntamiento con actividades empresariales privadas sin la autorización obligatoria del pleno municipal.
El Ministerio Público sostiene que el regidor de Democracia Orensana percibió durante años una retribución pública por dedicación exclusiva mientras mantenía ingresos procedentes de distintas actividades privadas, principalmente vinculadas a la televisión local Auria TV, de la que es responsable, así como de negocios relacionados con la promoción inmobiliaria.
Según el escrito de acusación, Jácome recibió más de 469.000 euros en salarios públicos entre 2019 y 2025 por su condición de alcalde. A esa cantidad se suman cerca de 788.000 euros obtenidos a través de sus actividades privadas entre 2019 y 2024, unos ingresos que, a juicio de la Fiscalía, evidencian que dichas ocupaciones no tenían un carácter residual o secundario.
La investigación señala además que el alcalde figuró simultáneamente de alta en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, una circunstancia que, según el fiscal, refleja una situación de pluriempleo y pluriactividad incompatible con el régimen de dedicación exclusiva aprobado por el Ayuntamiento.
La Fiscalía aprecia prevaricación
El núcleo de la acusación radica en que el regidor no solicitó al pleno municipal la autorización necesaria para compatibilizar sus responsabilidades públicas con sus actividades privadas. Para la Fiscalía, esta omisión fue consciente y tuvo como finalidad evitar tener que renunciar a una de las dos situaciones.
Por ello, considera que existen indicios de un delito continuado de prevaricación y reclama una pena de nueve años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público de carácter electivo, incluyendo puestos en administraciones locales, autonómicas, estatales o europeas. La acusación también solicita la comparecencia como testigos del exconcejal de Democracia Orensana Telmo Ucha, impulsor de la querella que originó el procedimiento, así como de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación.
Una eventual condena tendría importantes consecuencias políticas para Jácome. La normativa vigente establece que una sentencia condenatoria por inhabilitación puede impedir concurrir a unas elecciones incluso antes de que el fallo sea firme. No obstante, fuentes jurídicas consideran complicado que el procedimiento llegue a resolverse antes de los próximos comicios municipales. La causa todavía se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva varios recursos presentados contra el auto de imputación dictado por el juzgado instructor.
Con la petición formal de la Fiscalía ya presentada, el procedimiento entra ahora en una fase decisiva que podría marcar el futuro político del alcalde de Orense y de Democracia Orensana.
