El exconcejal socialista de Medio Rural en Santiago José Manuel Pichel
El exedil socialista de Santiago José Manuel Pichel acepta 6 meses de cárcel por negociaciones prohibidas
Admite ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que votó a favor de alquilar un local de su propiedad al área del Ayuntamiento que él mismo dirigía
El exedil socialista de Medio Rural de Santiago de Compostela José Manuel Pichel compareció este lunes ante la Audiencia Provincial de Pontevedra para ratificar el acuerdo de conformidad por el caso Desproi. Mediante este pacto con la Fiscalía, el antiguo concejal acepta una condena de seis meses de prisión por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Los hechos se remontan a 2021, cuando Pichel buscaba una sede provisional para su concejalía debido al cierre de la antigua estación de autobuses. Tras analizar varias opciones, los técnicos del Ayuntamiento propusieron un local ubicado en el polígono de Costa Vella. El problema radica en que el inmueble pertenecía a Desproi, una empresa en la que el propio Pichel ejercía funciones de administración.
A pesar de este vínculo, el 14 de septiembre de ese año, Pichel no se abstuvo y votó a favor de adjudicar el contrato de alquiler en la junta de Gobierno local, destinando la nave a las áreas de medio rural y jardines de forma temporal, mientras se ejecutaban las obras de las nuevas instalaciones, situadas en el recito ferial de Amio.
Cuándo dimitió de sus cargos en el Gobierno municipal que lideraba el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Pichel declaró haber cometido un «error considerable» al «no haber comunicado al alcalde ni al resto de la junta de gobierno» su participación en Desproi, aunque, en sus palabras, lo hizo «sin mala fe».
Sea como sea, los hechos constituyen un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, castigados en el artículo 439 del Código Penal. Por este motivo, Pichel ha aceptado una pena de prisión de seis meses, una multa de 10 euros diarios durante 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro años. La pena ha sido suspendida con la condición de que no vuelva a cometer un delito similar por un periodo de dos años.
Sin responsabilidad de Sánchez Bugallo
En el marco de esta causa, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela también tomó declaración al regidor de la ciudad durante el periodo de los hechos, Sánchez Bugallo, y a miembros de su junta de gobierno, pero acordó el pasado mes de septiembre el sobreseimiento respecto a ellos al no ver indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias.
«Las irregularidades detectadas en el expediente administrativo carecen de la gravedad suficiente como para considerarlas constitutivas de un delito de prevaricación», apuntaba la magistrada, que subrayaba que «carece de cualquier justificación llamar a la causa en calidad de investigados» tanto a Bugallo como a su junta de Gobierno.
