A Mesa
Una plataforma nacionalista gallega exige «incluir cláusulas lingüísticas en los contratos públicos»
En relación con los servicios públicos, consideran necesario blindar lo que califican como «oferta positiva del gallego en la administración, la justicia y la sanidad»
La agrupación nacionalista Queremos Galego ha anunciado una nueva campaña que tiene como objetivo acabar con lo que denominan «emergencia lingüística» del gallego.
De esta manera, su intención es presentar en el mes de septiembre, una iniciativa legislativa popular para que el uso del gallego se extienda y sea obligatorio en ciertos campos como la contratación pública.
Marcos Maceira, portavoz de Queremos Galego, adelantó que los principales objetivos de esta ILP serán «revertir las normas contrarias al gallego y la situación de emergencia lingüística, blindar los acuerdos en favor del gallego y garantizar los derechos lingüísticos». «Existe una distorsión entre lo que dicen los planes y la realidad legal de nuestra lengua», aseguró Maceira, «y necesitamos que la ley ampare y garantice el cumplimiento de los acuerdos establecidos a favor del gallego». «Incumplir el Plan no tiene consecuencias», apuntó, «incumplir la ley, sí».
Todo ello a pesar de la gran inversión de la Xunta de Galicia para que el gallego se convierta en una lengua más utilizada ante los datos que apuntan a que su uso es, cada vez, menor y que los gallegos prefieren el español para su uso diario.
Según el portavoz de Queremos Galego, «si algo está demostrando Rueda es que no es de fiar y su capacidad para anteponer su fobia al gallego a los intereses de Galicia, cuando la lengua gallega es la mejor expresión de la propia existencia de Galicia».
Medidas propuestas
La plataforma nacionalista quiere que el gallego se imponga en las aulas a pesar de que el sistema educativo autonómico recoge el sistema de tercios: un tercio gallego, un tercio español y un tercio inglés.
En relación con los servicios públicos, consideran necesario blindar lo que califican como «oferta positiva del gallego en la administración, la justicia y la sanidad». Es decir, que el gallego sea la lengua predominante a pesar de que el interlocutor hable en castellano. Además, quieren que el gallego sea la lengua usada en programas informáticos e incluir ; asegurar su presencia en los programas informáticos e incluir «cláusulas lingüísticas en los contratos públicos».
También quieren que los inmigrantes tengan una formación concreta en gallego y que la televisión y radio pública sea exclusivamente en gallego.
Además, pedirá inversión pública en la oferta cultural en gallego, cuotas de doblaje y subtitulación, financiación anticipada para producciones audiovisuales, exhibición de películas en gallego en las salas de cine y «protección de la lengua» en las actividades deportivas.