El presidente gallego, Alfonso Rueda, acompañado por el consejero de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez
La Xunta estrecha la vigilancia económica sobre las universidades tras la situación «preocupante» de la UDC
Deberán pasar auditorías externas obligatorias «con carácter previo a la aprobación de las cuentas anuales» y los Consejos Sociales podrán imponer planes de reequilibrio financiero
El inicio del curso político en San Caetano trae novedades para salvaguardar la salud financiera de las universidades gallegas. La Xunta aumentará el control económico sobre los campus públicos con el objetivo de contribuir a «blindar la transparencia y la estabilidad» presupuestaria para preservar la calidad de la enseñanza.
El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha anunciado una reforma en la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, que obligará a estas instituciones a someter sus balances anuales a una auditoría externa e independiente «con carácter previo a la aprobación de las cuentas anuales».
Esta medida otorga más competencias a los Consejos Sociales, entidades en las que está representada la Xunta, que a partir de ahora no solo vigilarán la eficiencia del gasto de los fondos públicos, sino que estarán facultados para imponer planes de reequilibrio financiero forzoso a los rectores si se detectan anomalías presupuestarias, siguiendo las recomendaciones de la auditoría.
La «preocupante» situación de la UDC
Como telón de fondo, esta medida llega después de que hace un mes saliese a la luz la situación económica de la UDC tras una auditoría del Consejo Social de la institución universitaria, que, en palabras del consejero de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, arroja cifras «preocupantes», aunque «no está completa». La información que se maneja hasta la fecha es que sufre un déficit de 19 millones de euros.
«La Xunta de Galicia es absolutamente leal con la institución, pero no podemos ser cómplices de una mala gestión», valoraba el responsable autonómico a la espera del informe definitivo. A partir de ahí, el consejero defiende que es muy probable que la UDC «tenga que desarrollar las acciones necesarias para tener una gestión rigurosa de los fondos públicos».
Una delicada situación financiera que no es nueva en la Universidad de La Coruña. El rector Ricardo Cao heredó en 2024 un agujero de 13 millones de euros del que no se tenía conocimiento por su antecesor, el recién ex subdelegado del Gobierno en La Coruña Julio Abalde. Pese al plan de ajuste, la a brecha contable no se ha subsanado.
Sumar Galicia se opone
Como era de esperar, Sumar Galicia ha rechazado la iniciativa de la Xunta de Galicia. «La transparencia, la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas son imprescindibles en una universidad pública, pero no pueden servir como excusa para incrementar la tutela política de la Xunta sobre instituciones que deben disfrutar de autonomía», dijo el secretario general, Paulo Carlos López.
Asegura que no cuestionan que las cuentas de las universidades sean auditadas, pero sí cuestionan que se presente «como una simple medida de transparencia lo que puede acabar convirtiéndose en un mecanismo de intervención de la Xunta sobre las decisiones económicas de las universidades públicas».