Refugiados de la guerra de Mali que llegaron a Galicia
Un refugiado que hizo tocamientos a una trabajadora de una ONG en una piscina se enfrenta a dos años de cárcel
Según su versión, pretendía empujarla por el hombro, pero «se le fue la mano»
En verano del 2024, un refugiado de origen maliense que se alojaba en el Albergue Pensión de Ancares de Becerreá tocó en dos ocasiones las nalgas de una trabajadora de la ONG que les ayudaba. El hombre estaba junto a ella en una piscina municipal cuando le hizo tocamientos sin su consentimiento.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo celebró el juicio contra el hombre, natural de Mali y sin antecedentes penales, acusado de dos presuntos delitos de agresión sexual contra la técnica de un albergue de acogida de una. La víctima declaró durante la vista protegida tras un biombo y, debido a las dificultades del acusado con el idioma, este prestó declaración en francés con la ayuda de una intérprete.
La víctima ha explicado durante el juicio que había más personas en la piscina y que el contacto se produjo debajo del agua. Según su relato, el acusado le tocó el culo y, cuando ella apartó su mano, él se rio. «No fue involuntario», ha afirmado, asegurando que posteriormente no volvieron a hablar sobre lo ocurrido.
La mujer ha explicado además que en el centro habían impartido una charla sobre sexualidad y reparto de preservativos. En ese contexto, según su declaración, el acusado le preguntó cómo se decían determinadas expresiones relacionadas con el sexo en español y le manifestó que quería probar los preservativos con ella. La víctima ha señalado que no volvió a acorralarla en otras ocasiones, aunque posteriormente, mientras caminaban, volvió a darle un golpe en las nalgas, con fuerza. «Me quedé en shock», ha relatado. Según su testimonio, después de este episodio, el acusado intentó meterse en su coche junto con otro joven.
Otra testigo que ha declarado en la vista también ha hecho referencia a las actividades relacionadas con la educación sexual y el reparto de preservativos. Según ha explicado, el acusado preguntaba cómo se decían determinadas cuestiones relacionadas con el sexo en español y, en una ocasión, no dejó salir a la víctima de una oficina.
La Fiscalía sitúa el segundo episodio el 12 de septiembre de 2024, cuando el acusado y la técnica se encontraban en el camino entre la Pensión Ancares y el centro de salud de Becerreá. Según el escrito de acusación, el hombre volvió a tocarle las nalgas sin su consentimiento y con idéntico ánimo sexual.
Niega los hechos
Durante su declaración, el acusado ha negado que existiera una intención sexual con el contacto en la piscina, afirmando que había mucha gente en el lugar y que no sabía si llegó a tocar a la mujer. Sobre el segundo episodio, ha explicado que tenía prisa porque ella no se había presentado por la mañana para acompañarla al médico y que la empujó para que avanzara más rápido. Según su versión, pretendía empujarla por el hombro, pero «se le fue la mano».
El acusado ha sostenido también que nunca tuvo intención sexual y que veía a las mujeres del centro «como sus hermanas», que hablaban de cuestiones relacionadas con el sexo porque ella era su profesora y que su intención era aprender. Según su declaración, era Marta quien le enseñaba las distintas expresiones.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual del artículo 178.1 del Código Penal y solicita para el acusado una pena de un año de prisión por cada uno de ellos. El Ministerio Público también reclama una inhabilitación especial durante ocho años para cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad.
Además, la acusación solicita que se mantenga una prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, así como a su domicilio, centro de estudios, lugar de trabajo y otros espacios frecuentados por ella, durante dos años, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo.
La Fiscalía interesa asimismo que, una vez cumplida la eventual pena de prisión, el acusado quede sometido durante tres años a libertad vigilada, con la obligación de realizar un curso de educación sexual. El escrito de acusación reclama igualmente el pago de las costas del procedimiento.
Con anterioridad, mediante un auto dictado el 14 de septiembre de 2024, se había acordado la prohibición de aproximación del acusado a menos de 300 metros de la víctima.
