Galicia activa un plan de 45 millones para gestionar las bajas laborales y facilitar el retorno al trabajo

La Xunta busca transformar por completo la gestión de las bajas laborales en Galicia para atajar lo que califica como un «problema estructural de primera magnitud» y «garantizar que esté de baja quien debe estarlo».

El plan de choque responde a una realidad crítica: la comunidad gallega ocupa de forma sistemática las primeras posiciones a nivel nacional en absentismo laboral por incapacidad temporal. Este escenario genera un impacto económico devastador que supera los 2.200 millones de euros al año, una cifra que ya devora el 3 % del PIB regional.

La estrategia prevé la creación de «un dispositivo de actuación» frente a abusos en incapacidades temporales por contingencias comunes y campañas «con un tono pedagógico y no alarmista» sobre el impacto de las «ausencias indebidas» en los compañeros.

Coordinador de reincoporación

Habrá una nueva figura de coordinador de reincoporación al trabajo que no tendrá objetivos ni incentivos por reducir las bajas, y que usará como «herramienta» el denominado informe voluntario de capacidades funcionales. Además, se elaborará un protocolo tipo para el «contacto respetuoso» de la empresa con el trabajador durante la baja «con el único fin de ofrecer apoyo y preparar, únicamente cuando proceda, una reincorporación segura».

En uno de sus tres ejes, el plan establece una medida específica de «protección de la integridad y del valor colectivo del sistema de incapacidad temporal», en la que se refiere a este «dispositivo de actuación conjunta frente a posibles abusos en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes».

El «perímetro material» de este dispositivo, según la redacción del texto, «queda tasado en tres ámbitos», el primero de ellos el de la realización de actividades incompatibles con la baja y el cobro indebido de prestaciones «a partir de indicios objetivos».

El segundo ámbito en el que se moverá este «dispositivo» será el de las conductas de fraude como falsificación u obtención irregular de partes, y el plan indica que será «con remisión al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito».

En tercer lugar, se refiere también a «las actuaciones empresariales vinculadas a la situación de baja que contravengan la normativa vigente», por ejemplo exigiendo la prestación de servicios durante la incapacidad temporal, el «obstáculo» en el ejercicio de derechos, el incumplimiento de las obligaciones de cotización, «la presión para el alta y la vulneración de la intimidad». «Porque la defensa del sistema alcanza a todas las direcciones en las que puede ser defraudado», puntualiza el propio documento.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso dejar claro que el plan no cuestiona el derecho de los trabajadores a permanecer de baja hasta que se produzca su recuperación ni el criterio de los profesionales sanitarios.

Campañas dirigidas a empresas y trabajadores

La composición, el régimen de funcionamiento y los protocolos de actuación de este dispositivo se establecerán en el marco de la mesa permanente prevista en el plan y en el seno del diálogo social.

Además, «en el marco de este dispositivo no se utilizarán factores que perjudiquen la presunción de legitimidad de la incapacidad temporal y las garantías frente a la vigilancia indiscriminada».

El plan prevé también la elaboración de campañas dirigidas a empresas y trabajadores «identificando con nitidez qué situaciones son socialmente inadmisibles y por qué es en ellas donde hay que actuar».

37 medidas

En primero de los ejes, el de bienestar laboral, contiene medidas como el impulso de los servicios de prevención mancomunados, «figura legal hoy infrautilizada» y que se dirigirá sobre todo a sectores y actividades con altas tasas de siniestralidad, así como a los polígonos industriales y áreas geográficas con predominio de microempresas.

Las ayudas a la inversión en equipamiento ergonómico en las pymes no financiarán «en ningún caso» medidas preventivas que la evaluación de riesgos imponga como obligatorias.

Igualmente, la ayuda a la contratación de servicios de atención psicológica y musculoesquelética en las pymes es, según el texto, «una prestación de bienestar adicional y complementaria, que no sustituye al servicio público de salud, a ninguna actividad preventiva obligatoria ni exime de responsabilidad por su incumplimiento». «Traslada a la pyme, mediante apoyo público, el estándar de servicio que la gran empresa ya proporciona a sus cuadros de personal».

Por su parte, la ayuda a la sustitución en microempresas y autónomos durante bajas de larga duración estará «condicionada» a la conservación del puesto y a facilitar la reincorporación.

Habrá asimismo ayudas «de tramitación rápida» ligadas a una persona concreta que se reincorpora tras una baja de larga duración, para inversiones y apoyos que faciliten la vuelta al puesto «y excedan las obligaciones legales de la empresa», entre las que el plan concreta elementos como «herramienta, elevador, software u otros equipamientos de apoyo».

También contiene el documento medidas dirigidas a mejorar el clima laboral, con formación gratuita para cargos intermedios y la elaboración de un catálogo de «modelos tipo de flexibilidad interna», con referencia a bolsas de horas, ajustes horarios, flexibilidad horaria, cambios temporales de tarea, cuadrantes «saludables», entre otros aspectos. Su aplicación en la empresa se realizará conforme a lo previsto en la negociación colectiva y en la normativa laboral vigente.

Del total del presupuesto del plan, el eje 1, de refuerzo de la prevención y del bienestar laboral, se lleva 17,75 millones; el 2, de mejoras en la atención sanitaria y en los procesos de gestión y seguimiento de la incapacidad temporal, 26,03 millones y el 3, de corresponsabilidad y uso responsable del sistema, 750.000 euros. También habrá 495.000 euros para instrumentos transversales de gobernanza.