Galicia construye vivienda mientras el Gobierno monta una maniobra de distracción tras el desahucio de Maricarmen
Frente a los decretos vacíos de Sánchez, la Xunta trabaja para duplicar el parque público y alcanzar las 8.000 viviendas que prometió al principio de la legislatura
El reciente y mediático desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía en su hogar desde hacía siete décadas, ha reabierto de forma abrupta el debate sobre la emergencia habitacional en toda España. Un problema de profundo calado que, sin embargo, está siendo utilizado por el Gobierno central para erigirse como salvador y culpar directamente al Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso cuando no han hecho nada en materia de vivienda desde que el PSOE está en la Moncloa.
Con esta estrategia, el relato oficialista busca ignorar que por cada desahucio que se produce en Madrid se registran cinco en la Cataluña de Salvador Illa, al tiempo que intenta correr una cortina de humo para olvidar la dramática situación de Ceuta y los muchos problemas judiciales que asolan al Ejecutivo y a la propia familia de Pedro Sánchez.
Frente a la operación de distracción que el Gobierno central trata de montar tras el deshaucio de Maricarmen, Galicia responde con una apuesta directa a las políticas públicas de vivienda del Gobierno de Alfonso Rueda.
El compromiso de Galicia con la vivienda
Al inicio de la actual legislatura, el presidente Alfonso Rueda asumió el compromiso de duplicar el parque de viviendas públicas de Galicia hasta alcanzar las 8.000 unidades. Dos años después, esa promesa no es una declaración de intenciones, sino una realidad tangible.
Los hechos así lo acreditan: quedó demostrado a finales de julio con una entrega de llaves de un lote en Pontevedra y ha vuelto a evidenciarse en Santiago de Compostela, con la adjudicación de un nuevo conjunto de viviendas de promoción pública en el barrio de Lamas de Abade, a las que seguirán otras en un futuro inmediato.
La estrategia habitacional gallega mira firmemente hacia el futuro: la Xunta está desarrollando además suelo residencial para albergar 25.000 nuevas viviendas, de las cuales 20.000 contarán con algún tipo de protección pública. Un esfuerzo autonómico que contrasta con la inacción de Madrid.
El Gobierno de la nación no ha hecho absolutamente nada. Como denunció este martes la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, «ni una sola vivienda fue construida por este Gobierno central» en la comunidad, criticando además que en los dos nuevos decretos estatales no figure «ninguna mención» a la construcción de vivienda pública.
Tampoco hay rastro en esas medidas, lamentaba la consejera, de incentivos para «que el sector construya vivienda protegida». Todo ello a pesar de que resulta prioritario «incrementar las viviendas en el mercado, tanto en venta como de alquiler» para dar una respuesta real a los ciudadanos.
