El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane
La Fiscalía pide inhabilitar 12 años al alcalde comunista de Oleiros por el derribo de una casa protegida
Considera que el regidor es culpable de un delito contra el patrimonio histórico
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane (autoproclamado de ideología comunista y del partido independiente Alternativa de los Vecinos), se enfrenta a una acusación de 12 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y de un año y tres meses de cárcel. Esta es la petición que ha formulado la Fiscalía Provincial de La Coruña por el caso del derribo de la conocida como Casa Carnicero, ubicada en Perillo.
Según recoge el escrito que la fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña, «los hechos narrados son constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico».
La fiscal señala que «el 30 de diciembre de 2020, el acusado, consciente de que era precisa una autorización de la Dirección General de Patrimonio de la que no disponía y con el fin de dar apariencia de legalidad a su actuación, dictó un decreto que notificó a la Administración autonómica a las 14:40 horas del miércoles 30 de diciembre de 2020, esto es, fuera de las horas de atención al público, víspera de un día inhábil administrativamente y de un puente festivo».
«De modo que la Dirección General de Patrimonio no tuvo conocimiento real del citado decreto, tal como ya preveía el acusado, y, por tanto, la Administración Autonómica no pudo reaccionar requiriendo al Ayuntamiento para que revocara su resolución», asegura la Fiscalía.
La acusación también se dirige contra el arquitecto técnico municipal. Según el escrito remitido al juzgado que lleva el caso, este trabajador público, «consciente de que procedía a ejecutar una resolución irregular, empezó por elaborar un informe a las 10:46 horas en el que constataba la caída de cascotes sobre la acera y sobre la calzada de la carretera AC-12».
La petición dirigida al juzgado también recoge que «de modo que, a las 15 horas del día 31 de diciembre de 2020, una vez transcurrido el artificial plazo de 24 horas que había fijado el alcalde para que la Administración autonómica contestase y, sabiendo J que ninguna comunicación se iba a recibir, por encontrarse en día inhábil, dio el visto bueno y comenzó a dirigir los trabajos que conducirían a la demolición de un bien que este acusado conocía que estaba catalogado y, por tanto, especialmente protegido».
La Casa Carnicero, en la entrada de Perillo, antes de su derribo
La conclusión de la Fiscalía es que «ambos acusados hicieron posible que el día 31 de diciembre de 2020 el citado edificio llegara a la situación de demolición completa pues, gracias a sus respectivas actuaciones, solo se conserva, actualmente, en la planta baja, una pequeña parte del muro con alturas en torno al 1,60 metros y, en la planta de semisótano, parte de los arranques de los muros».
Otra advertencia que realiza la Fiscalía es que que «actualmente el Servicio de Patrimonio Cultural considera que al no haber sido desmontado sino derrumbado el edificio se causó un daño irreversible, haciendo irrecuperable el edificio con los valores que tenía y que motivaron su catalogación».
El origen del derribo
Este edificio, conocido popularmente como «Casa Carnicero», se ubica en el número 395 de la avenida de las Mariñas, en el término municipal de Oleiros. Constaba en el Catálogo de Bienes Culturales del Plan General de Ordenación Municipal, como elemento catalogado B-28 de arquitectura civil, con un grado de protección «no integral» y con la calificación de suelo urbano.
Si bien se trataba de un edificio de titularidad privada, ya en 2019 los propietarios manifestaron su voluntad de ceder el inmueble al Ayuntamiento de Oleiros e iniciaron los contactos formales a tal fin.
Según explica Fiscalía, «la irregular actuación de los acusados arrancó a raíz de que el 16 de julio de 2020 Casa Carnicero sufriera un virulento incendio» que causó importantes daños. El arquitecto municipal emitió un informe en el que hizo constar que era necesario apuntalar las fachadas y vallar el contorno. Posteriormente, elaboró otro informe para iniciar la declaración de ruina económica y técnica del inmueble.
El 30 de julio de 2020, la técnica de la administración especial de urbanismo firmó otro informe para tramitar el correspondiente procedimiento de declaración de ruina. En él se puso de relieve que la demolición solo sería posible si se autorizaba por la Xunta, «pues la demolición total o parcial, sin la autorización sectorial en materia de patrimonio cultural, constituiría una infracción muy grave», según recuerda la fiscal.
El Ayuntamiento recibió el 10 de agosto una resolución del Gobierno gallego en el que se advertía que la declaración de ruina de un bien catalogado no implicaba su demolición sino la necesidad de rehabilitar el edificio.