Los profesionales de justicia se concentran
Los profesionales de justicia se concentran ante «el menoscabo del Estado de Derecho» tras el pacto PSOE-Junts
El presidente de la Audiencia Provincial ha explicado que esta concentración se produce ante «la preocupación y la inquietud que la judicatura y todos los profesionales del ámbito jurídico tienen por lo que ello pueda suponer de merma o de perjuicio al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial»
os profesionales del ámbito judicial, con más de 200 jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, entre otros asistentes, se han concentrado este lunes en la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para mostrar su «inquietud y preocupación ante la evolución de los acontecimientos que se producen en el país y la posible incidencia que ello pueda suponer en menoscabo del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial», tras el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha explicado que esta concentración se produce ante «la preocupación y la inquietud que la judicatura y todos los profesionales del ámbito jurídico tienen por lo que ello pueda suponer de merma o de perjuicio al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial».
Al respecto, ha valorado que «la respuesta ha sido total», con respaldo de «todos los ámbitos jurídicos, la mayoría de los jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, abogados, procuradores», remarcando que «el peligro es común para todos».
Preguntado por si tienen esperanzas en que desde Europa se rechace la ley por el 'lawfare', Sánchez Zamorano ha manifestado que «hay que ser siempre positivo en todo».
Mientras, el secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, ha dicho que apoyan las reivindicaciones del poder judicial «como garantía del Estado de Derecho», aclarando que «no es nada político».
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