
Policía Nacional (Foto de archivo)
Detenida en Córdoba una gestora por estafar más de 90.000 euros en ayudas a autónomos durante la pandemia
La Policía Nacional le imputa fraude a la administración, estafa y falsedad documental por suplantar a clientes y desviar fondos públicos
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una gestora profesional acusada de apropiarse de más de 90.000 euros mediante la solicitud fraudulenta de ayudas extraordinarias para trabajadores autónomos durante la pandemia. Se le imputan delitos continuados de fraude a la administración, estafa, falsedad documental y usurpación de identidad.
Los hechos se remontan a 2021, cuando el Gobierno puso en marcha una línea de prestaciones reguladas por el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, destinadas a autónomos con actividad o ingresos reducidos a causa de la crisis sanitaria. La investigada, que ejercía como gestora, se ganaba la confianza de sus clientes y obtenía de ellos su DNI y firma digital, supuestamente para realizar trámites en su nombre. Sin embargo, utilizaba esos datos personales para solicitar, sin consentimiento, ayudas por cese de actividad, cuyo importe era ingresado directamente en su propia cuenta bancaria.
Durante la investigación se han identificado once intentos de fraude, con éxito en ocho de ellos. En algunos casos, llegó a presentar varias solicitudes a nombre de una misma víctima. En otros, las ayudas fueron denegadas por razones administrativas. En total, la Policía ha documentado solicitudes por más de 53.000 euros, devoluciones fiscales emitidas por la Agencia Tributaria que superan los 19.000 euros, y transferencias bancarias desde terceros por encima de los 18.000 euros.
La investigación se inició en abril de 2025, a raíz de la denuncia de una de las víctimas, que recibió una notificación de una mutualidad exigiéndole el reintegro de una prestación por cese de actividad que nunca había solicitado. A partir de ahí, los agentes localizaron a ocho personas afectadas y documentaron once operaciones fraudulentas.
La detenida se enfrenta ahora a un procedimiento penal por haber utilizado su posición profesional para obtener un beneficio ilícito a costa de fondos públicos destinados a paliar los efectos económicos de la COVID-19.