El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el Salón de Plenos
El Movimiento Ciudadano pregunta dónde se harán los recortes del Plan Económico y Financiero
El órgano teme que el impacto «puede ser particularmente perjudicial en servicios que ya tienen dificultades en mantener un nivel de atención»
El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), máximo órgano de participación reconocido por el Ayuntamiento, ha acordado reclamar en los consejos de administración de las empresas municipales y demás órganos del Ayuntamiento donde tenga representación información general y detallada «consejo a consejo, empresa a empresa y área a área», de los proyectos ciudadanos comprometidos y los servicios que se verán afectados por recortes en la inversión, todo ello después de aprobarse el pasado miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba un plan económico-financiero que permitiría volver en 2026-27 a la senda fiscal.
El CMC, además de esa explicación global, quiere conocer exactamente qué proyectos y compras para mejoras de los servicios municipales tendrán que esperar ahora, «sin generalidades que disfracen lo que realmente será un retraso en las iniciativas, muchas de ellas, nos tememos además, correspondientes a actuaciones ya comprometidas y anunciadas a los colectivos ciudadanos», afirman desde el consejo. Capítulo aparte, también el CMC espera ser informado de cuáles serían los nuevos plazos para acometer esas inversiones afectadas.
El impacto del plan económico financiero, según entrevé el CMC, «puede ser particularmente perjudicial en servicios que ya tienen dificultades en mantener un nivel de atención acorde con las necesidades de la ciudad, como sería Sadeco y sus planes para reforzar la flota de vehículos o la compra de material preciso para su trabajo; o las decenas de proyectos entre los que podrían verse afectados, y es un solo ejemplo, la comprometida sala de barrio de Villarrubia por parte del Imdeco».
El plan
El plan económico financiero fue aprobado en el pasado Pleno de la Corporación Municipal ante la necesidad de volver a la senda fiscal tras haberse incumplido la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y los plazos de pago a proveedores en 2025. Sin embargo, la aplicación del mismo supone, según las informaciones recogidas en prensa, retraer 10 millones de euros de los organismos autónomos y otros 11 millones de deudas y obligaciones de pago, que también iban a reforzar la inversión municipal, todo ello con una «reprogramación» de la financiación y del calendario de inversiones previstas, término que para el CMC simplemente es un eufemismo para referirse a la paralización de proyectos ciudadanos por otras causas financieras.
