Expropiaciones forzosas y olivos arrancados
La expansión de megaplantas solares en Córdoba levanta las primeras voces críticas desde el campo
Plataformas ciudadanas y Asaja alertan de pérdida de tierras fértiles, riesgo de expropiaciones y especulación
La instalación masiva de plantas fotovoltaicas en la provincia de Córdoba, hasta ahora más silenciosa que en otras zonas de Andalucía como Jaén, empieza a generar inquietud en el mundo rural. Organizaciones agrarias y plataformas ciudadanas denuncian la pérdida de tierras fértiles, el riesgo de expropiaciones y el impacto paisajístico de un modelo de transición energética que califican de especulativo.
Rafael Navas, secretario general de Asaja Córdoba, advierte que aunque hasta ahora en la provincia no se han dado expropiaciones generalizadas como en otras provincias, su organización se prepara para oponerse frontalmente en caso de que se produzcan. «Defendemos el respeto a la propiedad privada y a la libertad de empresa. Si un propietario quiere instalar placas solares en sus tierras, lo respetamos. Lo que no aceptamos es que se impongan expropiaciones para instalar placas solares en lugar de cultivos productivos como el olivar. Eso vulnera la libertad empresarial y pone en riesgo la viabilidad del campo», afirma. A su juicio, resulta «inaceptable» que se priorice la instalación de plantas solares en las mejores tierras agrícolas mientras se impide hacerlo en suelos forestales y poco productivos.
Desde el Alto Guadalquivir, la plataforma vecinal del mismo nombre lleva tiempo alertando del avance de estos proyectos en zonas de alta productividad agrícola. María José Rodríguez, una de sus portavoces, explica que muchas instalaciones se están llevando a cabo con el acuerdo de los propietarios, lo que en parte ha contenido el conflicto social: «En Córdoba, muchos han llegado a acuerdos con las empresas, aunque a veces hayan sido a regañadientes. Nosotros hemos presentado alegaciones y hemos hecho campañas informativas, pero las administraciones locales apenas han reaccionado». Asegura que ya se están arrancando olivares en municipios como Bujalance para dar paso a las placas, lo que a su juicio traerá consigo pérdida de empleo, despoblación y un cambio radical en el paisaje y la biodiversidad local.
Más contundente aún es Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma Stop Placas Solares Campiña Norte, quien denuncia que el proceso está guiado por intereses puramente económicos. «Estamos perdiendo las tierras más fértiles de Andalucía, las que están junto al Guadalquivir, por una energía que se impone con criterios especulativos. Estas empresas buscan suelo rústico porque es más barato, y además se ubican junto a subestaciones eléctricas antiguas. Pero la consecuencia es que perdemos capacidad alimentaria y nos jugamos el pan de nuestros vecinos», denuncia.
Alcalá explica que en Jaén la protesta ha sido más fuerte porque se han dado casos de expropiaciones forzosas a pequeños propietarios que no querían alquilar sus tierras, una situación que por ahora no se ha replicado en Córdoba con la misma intensidad. «Estas empresas actúan con grandes propietarios de más de 15 hectáreas, con los que llegan a acuerdos. Pero en Jaén han expropiado a pequeños bajo coacción: o firmas un alquiler o te expropian. Y todo con una ley del año 54, de la dictadura, que sigue vigente», lamenta. Además, denuncia que los proyectos cambian de manos como en la burbuja inmobiliaria, y que todo el modelo se basa en subvenciones públicas, lo que convierte esta expansión en un «negocio sin riesgo» para fondos de inversión y grandes energéticas.
La crítica se extiende también a la Junta de Andalucía, a la que acusan de modificar leyes como la Lista para facilitar el cambio de uso del suelo rústico sin necesidad de justificación. Alcalá recuerda que la normativa europea obliga a preservar la producción de alimentos al desarrollar energías renovables, algo que —según asegura— no se está respetando. «Lo primero que se han saltado es que no se debe tocar la producción alimentaria. Y en cambio se ocupan las mejores tierras. Luego nos venden que los ayuntamientos van a recibir 150.000 euros al año, pero mientras tanto, cooperativas como la de Lopera calculan pérdidas de hasta 2,5 millones de euros anuales solo por la merma en la producción de aceituna».
La expansión de megaplantas solares en Córdoba se mantiene, de momento, sin el nivel de conflictividad visible en Jaén, pero tanto las plataformas vecinales como Asaja alertan de que los proyectos seguirán llegando y exigen un debate público sobre el equilibrio entre transición energética y soberanía alimentaria.
