Embalse de La Colada: historia reciente de un desencuentro

La decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de denegar la concesión de agua del embalse de La Colada para el abastecimiento del norte de la provincia ha provocado la reacción inmediata del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha acusado al Gobierno de España de bloquear intencionadamente el proyecto. Esta cuestión tiene una doble vertiente. Una se centra en el comentado aprovechamiento y otra en la conexión técnica de este embalse con Sierra Boyera. Ambas protagonizan un rifirrafe que se extiende durante años y que en los últimos tiempos incluso ha llegado al Congreso de los Diputados.

Diputación y Junta de Andalucía quieren convertir a La Colada, mediante la concesión de uso de aguas superficiales, en una fuente para el norte de la provincia, aquejada de graves perjuicios en momentos de sequía o de afectación de los embalses por algas o residuos agrícolas. Por otro, ambas instituciones, quieren una conexión entre embalses mejor pertrechada que la actual.

Con esta negativa de la CHG, persiste, por tanto, una situación que viene de lejos, y que ya durante el año pasado y finales de 2023 produjo una notable sucesión de desencuentros entre las instituciones. A finales de 2023, se produjeron dos reuniones técnicas, en las que estuvieron presentes Diputación (con Emproacsa), CHG y Junta de Andalucía. Aquellas reuniones fueron calificadas de muy productivas e incluso, afirmaban, reinaba en ellas un gran espíritu de colaboración. En enero de 2024, Salvador Fuentes daba por seguro el permisos para continuar las obras de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera.

También a principios del año pasado, el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, clamaba por una solución debido a la contaminación de las aguas, algo que se hubiera evitado a su juicio con la existencia de la red secundaria de La Colada. Molina llamaba al entendimiento entre todas las administraciones implicadas.

En febrero, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, aseguraba que la institución provincial cumplía «rigurosamente con todos los trámites exigidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la autorización de las obras de conexión de La Colada con Sierra Boyera». Entre ellas destacaba incluso algunas muy específicas, relacionadas con la conservación de la nutria. Recordaba igualmente que la petición de la ansiada concesión se había realizado en junio de 2024.

Sólo un mes más tarde, en marzo, Fuentes pedía sentido común y empatía a la CHG. En abril subía el tono de este caso, cuando Fuentes ya avisó con llevar a los tribunales a la CHG. La autorización tenía un notable retraso entonces. El presidente de la Diputación llegaba a calificar de «emergencia hidrológica extrema», reconocida oficialmente en 2022, unas obras de gran calado: «no es la autorización de un pozo», remarcaba.

Situación «política» del Gobierno

Por su parte, la CHG, emitía en el mes de abril un informe favorable al otorgamiento de la concesión solicitada por la Diputación para el aprovechamiento de aguas superficiales del embalse de La Colada con destino al abastecimiento de los municipios del norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches. No obstante, a su vez, manifestaba su disconformidad sobre la ejecución de las obras planteadas para reforzar la conexión con Sierra Boyera, argumentando razones técnicas, ambientales y económicas. Argumentaba que estas obras estarían duplicadas. Ante esto, la Junta de Andalucía, a través de su delegado en Córdoba, Adolfo Molina, tachaba esta situación de «política», y responsabilizaba de ella al Gobierno de España.

El tono más elevado continuó tanto por parte de la Junta de Andalucía como de la Diputación. Ante la presentación formal de las alegaciones al informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que desaconsejaba la ejecución del proyecto de conexión hidráulica entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, Adolfo Molina indicó que el texto estaba «profundamente equivocado, técnicamente cuestionable y jurídicamente extralimitado». Esto sucedía en mayo, y en junio, el presidente de la Diputación, alegaba mala fe por parte de la CHG al ocultar un informe de la Abogacía del Estado que respaldaba la negativa de la propia CHG a autorizar la obra definitiva.

Tras estos dimes y diretes, el pasado junio volvía a fluir el diálogo, ya que parecía posible una valoración conjunta entre la Diputación y la CHG para poder dar una solución, que pasaba por un plazo de seis meses en el que la institución provincial debía presentar un nuevo proyecto. Diputación y Junta querían, en cualquier caso, la construcción de una torre de tomas compatible con la flotante, para captar agua de mejor calidad, y una solución energética estable que evitase el bombeo con gasóleo, que llegó a costar 6.000 euros diarios, algo manifestado en el pasado mes de septiembre. Este proyecto, además, evitaba duplicidades y era más barato, ocho millones de euros frente al anterior de 13 millones.

El octubre era Vox quien preguntaba en el Congreso de los Diputados sobre el estado de las negociaciones del proyecto de conexión del pantano de La Colada con el de Sierra Boyera. José Ramírez del Río instaba al Gobierno a desbloquear el proyecto. También en el Congreso, el PP incluía este asunto dentro de los agravios que el Gobierno de Sánchez realiza a la provincia de Córdoba. La popular Isabel Prieto sumaba el caso a la autovía N-432 o la falta de inversión en el Museo Arqueológico.

Finalmente, tras más de una año de tiras y aflojas, la CHG denegaba la concesión solicitada por la Diputación de Córdoba para el aprovechamiento de aguas superficiales del embalse de La Colada. El argumento esgrimido, y reiterado, se centra en que considera redundantes las infraestructuras respecto a otras ya ejecutadas por razones de emergencia. El organismo ha recordado que la normativa obliga a evitar infraestructuras innecesarias y que además el proyecto de la institución provincial tiene deficiencias técnicas.