Fuentes denuncia un «bloqueo político» del Gobierno tras el rechazo a la conexión de La Colada con Sierra Boyera

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha elevado este martes el tono y ha acusado abiertamente al Gobierno de Sánchez de mantener un «bloqueo político» sobre la conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, tras la negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a conceder el uso de aguas para abastecer al norte de la provincia. «Esto es un bloqueo político en toda regla», ha afirmado.

La reacción de Fuentes llega después de que la CHG haya denegado la concesión solicitada por la institución provincial al entender que el proyecto incluye infraestructuras «innecesarias» o «redundantes» respecto a las ya ejecutadas en las obras de emergencia. La Diputación, por el contrario, sostiene que esas mismas actuaciones son imprescindibles para garantizar la calidad del agua a unos 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato. Un asunto este que se remonta a 2023 y que ha chocado constantemente con el muro del organismo de cuenca.

Recurso y vía judicial

Fuentes ha anunciado que la Diputación presentará un recurso de reposición en el plazo de un mes y no descarta acudir posteriormente al contencioso-administrativo e incluso exigir responsabilidades disciplinarias por la tramitación del expediente.

Según ha explicado, la institución provincial decidió «no aceptar de plano» las condiciones impuestas por la Confederación porque eran «inejecutables y de imposible cumplimiento», una decisión que, ha subrayado, permite mantener abierta la vía de recurso. «Si las aceptamos, condenamos a 80.000 vecinos a no tener garantizada la calidad del agua», ha señalado.

«Innecesario» frente a «óptimo»

El núcleo del conflicto está en el diseño del sistema de captación. La CHG considera que el actual —basado en la toma flotante ejecutada en emergencia— es suficiente, mientras que la Diputación y la Junta defienden un modelo combinado con torre de toma y captación flotante.

Fuentes ha insistido en que la propia Confederación reconoce en sus informes que esa solución conjunta es «óptima en términos de flexibilidad y operatividad», pero aun así la rechaza. «Reconocen que es lo mejor, pero dicen que no es necesario. ¿Y quién decide eso?», ha cuestionado.

En este punto, la Diputación advierte de que la toma flotante presenta problemas de durabilidad, fallos técnicos y limitaciones para garantizar la calidad del agua, especialmente en situaciones de bajo nivel del embalse, algo que, según los técnicos, obliga a contar con una infraestructura complementaria.

Otro de los argumentos clave es el relativo a las condiciones impuestas por la Confederación. Según el documento remitido por la Diputación el pasado 17 de marzo, dichas exigencias «desnaturalizan el proyecto» y obligan a modificarlo de tal forma que lo hacen inviable desde el punto de vista técnico y contractual.

En concreto, los cambios planteados afectan, entre otros aspectos, al sistema eléctrico de bombeo, lo que obligaría a rediseñar completamente la actuación. «Eso no es una modificación, es un proyecto nuevo», ha venido a resumir Fuentes con el equipo técnico presente en la rueda de prensa.

Acusación de irregularidades

La Diputación sostiene además que el procedimiento presenta defectos graves. Entre ellos, señala la incompetencia de la Confederación del Guadiana para pronunciarse sobre actuaciones que afectan a Sierra Boyera, que pertenece a la cuenca del Guadalquivir, así como una «indefensión material» al no haberse tenido en cuenta alegaciones presentadas durante la tramitación.

También denuncia la ausencia de informes preceptivos y la falta de respuesta técnica o jurídica a los escritos remitidos durante los últimos tres años.

Fuentes ha reconocido explícitamente un giro en su discurso (habitualmente conciliador e institucional en estos años y sobre este asunto), para cargar ahora directamente contra el Gobierno central. «Nunca he hablado así, pero es que esto es absolutamente injusto», ha dicho. Y ha denunciado varias veces durante la comparecencia que la Confederación ha retrasado deliberadamente el proceso desde 2023, cuando la Junta solicitó autorización para las obras. «Podían haber contestado en seis meses y no lo hicieron. Hemos perdido tres años», ha afirmado.

Agua garantizada… por ahora

Pese al conflicto, el presidente de la Diputación ha asegurado que se cuenta con agua suficiente para unos tres años, lo que permite margen para resolver el problema. «Esto tiene que quedar resuelto antes de la próxima sequía», ha indicado.