El agua en el norte de la provincia de Córdoba: un enfrentamiento político a la espera de solución

El embalse de La Colada atraviesa en estos momentos una situación de aparente alivio por la mejora de sus reservas tras las lluvias, pero sigue en el centro del debate sobre el abastecimiento de agua en el norte de la provincia de Córdoba. A finales de marzo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana rechazó la solicitud de la Diputación para destinar sus aguas al consumo en Los Pedroches, al considerar que parte de las actuaciones previstas no quedaban justificadas y resultaban redundantes. Esta decisión ha reabierto la discusión institucional sobre la conexión con Sierra Boyera y sobre qué infraestructuras son realmente necesarias para garantizar un suministro estable. La semana pasada, la propia Diputación de Córdoba anunciaba un recurso de reposición y la posibilidad de un inminente recurso en el ámbito contencioso-administrativo. Desde la capital cordobesa, la posición se centra claramente en la puesta en marcha de grandes infraestructuras. Entre unos y otros, la situación parece, y nunca mejor dicho, empantanada.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, indica que la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana no se explica solo por criterios técnicos «y evidencia una falta de voluntad para que el proyecto salga adelante». A su juicio, este rechazo «bloquea una solución estructural al problema de abastecimiento en el norte de la provincia y afecta directamente a miles de personas que necesitan garantías de suministro». El procedimiento, como señala, no ha tenido en cuenta de forma adecuada las alegaciones presentadas y las condiciones impuestas son de muy difícil cumplimiento, lo que en la práctica impide ejecutar la conexión entre embalses, siempre según su opinión: « aceptarlas habría comprometido la viabilidad técnica y jurídica del proyecto».

Para Cabello «tampoco se entiende que el PSOE bloquease en su momento la construcción de una conexión definitiva desde la Junta, pese a haberla comprometido en 2009, y que ahora, desde el Gobierno central, mantenga esa misma posición de bloqueo». A ello se suma la defensa de que la red provisional pase a ser definitiva, como indica, «cuando nació precisamente como una solución temporal, y la negativa a impulsar la conexión entre Sierra Boyera y Puente Nuevo».

Este rechazo continuado a todas las alternativas consolida un escenario en el que, si se repite una situación de sequía, «el norte de Córdoba volverá a sufrir los mismos problemas de falta de agua y de infraestructuras insuficientes». Cabello califica la situación de injusta para el territorio.

El Alcalde de Pozoblanco afirma que «se apoyarán todas las medidas que impulsen la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para que el Gobierno central abandone esta posición de inacción y bloqueo y permita avanzar hacia una solución definitiva».

Miguel Aparicio, portavoz de la plataforma ‘Unidos por el agua’, sitúa la cuestión de La Colada en un contexto más amplio de abandono del norte de la provincia por parte de las autoridades, cuestión que resume con sentido del humor con un claro: «sentimos que Andalucía se termina en el Muriano». Para Aparicio, otros factores, como la hipotética pérdida del hospital del Guadiato si se fusiona con el de los Pedroches, el cierre de colegios u oficinas bancarias, funcionamiento de los cajeros por días determinados o los intentos de ampliar el cementerio nuclear de Hornachuelos, muestran una desidia de las instituciones: «la gente ya no tiene ilusión por la zona norte, que cada año pierde un pueblo de 500 habitantes».

En cuanto al caso concreto de La Colada, Aparicio apuesta por centrarse en dos elementos: cortar la contaminación del pantano y poner en marcha una planta potabilizadora. En este sentido, considera innecesaria la obra propuesta por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. «La única explicación que vemos es que quieran llevar agua a la zona sur de Córdoba», señala. «El agua es un bien universal y no se le puede negar a nadie, siempre que sobre se puede utilizar, pero creo que antes habría que resolver nuestros problemas, porque todo se ha solucionado gracia a la lluvia, no al gobierno de arriba, al gobierno de abajo ni al gobierno del medio».

El portavoz de la plataforma se duele por el hecho de que la Diputación no haya querido reunirse con la organización a la que representa, pese a las diversas ocasiones en las que lo han solicitado. A su juicio, la obra de emergencia es suficiente y habría que añadirle una instalación eléctrica cuyo coste es de un millón de euros: «ahora mismo no hay una unión entre los distintos partidos en favor de su pueblo».

Dentro de los municipios afectados se encuentra Dos Torres, cuyo alcalde, Manuel Torres (PP), sitúa los problemas actualmente en un plano ideológico: «lo que está sufriendo esta zona obedece a unos intereses políticos, puesto que hay una Diputación y una Junta de Andalucía que no son de la ideología del Gobierno, y están echando un pulso». Para Torres, actualmente la situación no es tan preocupante debido a que hay agua por las recientes lluvias, pero cree «que no hay que olvidar lo que esta zona ha sufrido durante años anteriores, algo que puede volver desgraciadamente, por lo que las obras se deben hacer ahora cuando hay tiempo, y no deprisa y corriendo como se hicieron las de emergencia»

Para el alcalde de Dos Torres «el comportamiento de la CHG y el del Gobierno de España ha sido el de negar el agua a la zona norte con unos proyectos que ya estaban aprobados y que tenían una dotación económica». Manuel Torres, medidas anunciadas como el recurso de reposición o el posible contencioso-administrativo van a ser necesarias ante la parálisis de la situación. Torres insiste en la insuficiencia de las obras de emergencia, que derivaron, como recuerda, en la avería de grupos electrógenos y pueblos que se quedaron sin suministro de agua. «Todo esto se ha olvidado, esta obra de emergencia se vendió a bombo y platillo como la solución, pero es provisional».

Otro de los municipios afectados por el caso es El Viso. Su alcalde es Juan Díaz Caballero (PSOE), que sitúa igualmente el problema en el mismo ámbito ideológico, sólo que al contrario: «creo que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación deben dejar de marear la perdiz». Para Díaz Caballero, «la obra de emergencia puede servir para dar utilidad perfectamente a las instalaciones de La Colada, si bien es verdad que por unanimidad, todo el mundo dijo que había que eliminar los grupos electrógenos y poner una línea eléctrica».

En cualquier caos, para el alcalde de El Viso, el verdadero problema de La Colada es «la contaminación que tiene y que sigue llegando diariamente». En este sentido, prosigue: «ya puede llover lo que llueva, ya puede renovarse el agua, ya se pueden hacer todas las alegaciones que se quieran o recursos, que mientras no se elimine la contaminación, que alcanza un 95% del agua, no se estará trabajando en el verdadero problema». A continuación, Díaz recuerda sobre dicha contaminación: «todo el mundo sabe de dónde vienen los vertidos e indudablemente no se hace nada por solucionarlos». Este alcalde insiste con constancia en atajar la contaminación «y luego ya habrá tiempo de mejorar tubería, conexiones, tubos, bombas o lo que se crea conveniente».

En esta situación, La Colada sigue siendo mucho más que un embalse recuperado por las lluvias. Su situación vuelve a poner sobre la mesa años de retrasos, enfrentamientos políticos y decisiones pendientes. Mientras las administraciones mantienen el pulso, los vecinos reclaman soluciones reales y duraderas. La lucha contra la contaminación y la garantía de un abastecimiento estable continúan siendo las prioridades. El problema, en el fondo, sigue sin estar resuelto. Más bien al contrario, amenaza con perpertuarse por la vía judicial.