Exigen al Ayuntamiento de Córdoba transparencia sobre los criterios para conceder aparcamientos reservados

Facua Córdoba cuestiona los criterios que está aplicando el Ayuntamiento de Córdoba para conceder reservas de estacionamiento de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Lo hace después de que varios afectados hayan recibido resoluciones desfavorables en las que el Consistorio justifica la denegación de sus solicitudes en la necesidad de ordenar este tipo de estacionamientos ante el incremento de peticiones y la limitada oferta de aparcamiento en la vía pública.

En las resoluciones notificadas, el Departamento de Movilidad rechaza conceder las plazas exclusivas solicitadas y plantea como alternativa instalar plazas genéricas para movilidad reducida en las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas. Sin embargo, no concreta la ubicación de estas plazas ni la distancia a la que se encontrarán de las viviendas, por lo que se desconoce si estarán a cinco, diez o cincuenta metros, o incluso en otra calle de la zona. Facua Córdoba considera que esta información es relevante para poder valorar si la alternativa ofrecida responde adecuadamente a las necesidades de accesibilidad de cada persona solicitante.

Por otro lado, la asociación no cuestiona que el Ayuntamiento deba ordenar el uso del espacio público y compatibilizar los distintos usos de la vía. Sin embargo, considera que la limitación de plazas disponibles no debería sustituir la valoración de las necesidades particulares de accesibilidad de cada solicitante ni justificar, por sí sola, una respuesta que no explique por qué la alternativa ofrecida resulta adecuada en cada caso.

Facua Córdoba considera necesario que el Ayuntamiento aclare si ha modificado su política de concesión de estas reservas, desde cuándo aplica el cambio y qué razones justifican que unas solicitudes se autoricen y otras se denieguen.

La asociación recuerda que el artículo 97.1.a de la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento otorgue reservas específicas de estacionamiento a personas con movilidad reducida. La asociación es consciente de que el término «podrá» no reconoce un derecho automático a obtener una plaza exclusiva, pero considera necesario conocer cómo ejerce el Consistorio esa facultad y qué circunstancias tiene en cuenta para resolver cada petición.

Asimismo, añade que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en sus artículos 22 y 23, el derecho a la accesibilidad universal y establece la obligación de garantizar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Este marco debe tenerse presente al valorar las medidas municipales que afectan a la movilidad y al acceso al entorno urbano de las personas con discapacidad.

Facua Córdoba considera también relevante que la web municipal mantenga publicada la ficha informativa del procedimiento denominado «Solicitud de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida», destinado a solicitar una plaza de uso exclusivo próxima a la residencia habitual y en el que se detallan los requisitos y la documentación necesaria.

No obstante, al intentar acceder a la página de la sede electrónica el 14 de octubre de 2026, la asociación ha comprobado que aparece un mensaje de «acceso denegado», por lo que no ha podido verificar si actualmente es posible tramitar estas solicitudes por esa vía.

La asociación considera necesario que el Ayuntamiento aclare la situación del procedimiento y los canales habilitados para presentar estas peticiones, así como los criterios que aplica para resolverlas.

Facua Córdoba también insta a comprobar que las plazas genéricas anunciadas para las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas se instalan efectivamente y que su ubicación y características responden a sus necesidades de accesibilidad.

La asociación continuará defendiendo que las políticas municipales de movilidad y accesibilidad deben atender a las necesidades reales de las personas con movilidad reducida, con criterios claros, transparentes y debidamente justificados. Por ello, reclama que las resoluciones estén suficientemente motivadas y expliquen por qué la solución alternativa propuesta responde a las circunstancias concretas de la persona afectada.