El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Ayuntamiento de Madrid
La Fiscalía sospechó de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid en la estafa de las mascarillas
Más tarde la investigación concluyó que el personal del consistorio madrileño no había cometido tal delito
La investigación que comenzó la Fiscalía Anticorrupción sobre la estafa por material sanitaria al Ayuntamiento de Madrid dio comienzo con sospechas que apuntaban a un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de altos cargos del municipio. Posteriormente, el delito de malversación por parte de responsables públicos quedó descartado y el propio consistorio fue sido admitido como parte perjudicada.
En diciembre de 2020, las diligencias apuntan a que el fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identificase a las personas que negociaron los términos de dichos acuerdos.
Concretamente, el fiscal exigía en su escruto detalles sobre «los eventuales intermediarios, incluida la persona que presentó al proveedor y su oferta» y, además de copia de todas las comunicaciones mantenidas en relación con la firma del contrato, pide también información «sobre la existencia de posibles comisionistas». El representante de la citada empresa respondió por escrito al Fiscal aportando esos datos.
Además, aseguró que «este Ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha transmitido la mercancía hasta nuestro país».
Denuncia al Ayuntamiento
Un abogado ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por no llevar ante los tribunales la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el caso de las mascarillas, lo que podría suponer la presunta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Fernando Pamos de la Hoz entiende que Martínez-Almeida, en su condición de funcionario y autoridad, debería haber llevado los hechos ante los juzgados.
En concreto, la denuncia se interpone por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal), entre otros, «en su condición doble de funcionario y autoridad, con relación a la obligación inexcusable que tuvo de haber denunciado los hechos que han sido objeto reciente de querella por el Ministerio Público en relación con las mascarillas y otros materiales que se adquirieron para la pandemia en el año 2020».
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