Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid
Ayuso presentará antes de febrero un recurso ante el Constitucional por el impuesto del Gobierno a las grandes fortunas
La presidente considera que vulnera el derecho de las comunidades autónomas sobre este tipo de impuestos y es otra «imposición ideológica» de Pedro Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado este miércoles que su Gobierno presentará antes de fin de mes un recurso de anticonstitucionalidad por el nuevo impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, tal y como lo ha denominado el Ejecutivo central.
Ayuso considera que el gravamen invade directamente las competencias autonómicas de materia fiscal y genera inseguridad jurídica. Por ello se presentará ante el Tribunal Constitucional como inviable por la ley vigente.
Así lo ha informado en una comparecencia que ha tenido lugar tras una reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno. El recurso se presentará, según sus palabras, «en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez». Tal y como ha asegurado el gobierno regional en varias ocasiones, consideran que la finalidad del nuevo impuesto es «resucitar el viejo Impuesto de Patrimonio y literalmente va contra el ahorro y la inversión».
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Para la presidenta, «no hay justificación» para crear este tributo «ignorando, además, la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos y en un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica». «Todo esto lo está haciendo para sufragar la campaña electoral más cara y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España», ha aseverado desde el Ayuntamiento de Alcobendas donde se ha celebrado la reunión.
Ayuso ha nombrado la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado. Sin embargo, el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las CCAA de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia, según defenderán en su escrito.
Por último, la Comunidad de Madrid quiere hacer hincapié en la falta de justificación de su creación, ya que, según su criterio, no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos.
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