La UCI pediátrica de La Paz readmite a su jefe por orden judicial y provoca varias bajas de los facultativos

Trabajadores de la UCI de Pediatría del Hospital de La Paz han advertido este miércoles del «cierre técnico» de la unidad ante la ausencia de facultativos adjuntos, que se han dado de baja o renunciado a sus contratos en protesta por la reincorporación, por decisión judicial, del jefe de servicio, Pedro de la Oliva.

La Consejería de Sanidad niega que la UCI Pediátrica esté cerrada y ha recalcado que la asistencia sanitaria está garantizada. Además, los pacientes que se encontraban ingresados han sido trasladados a otras zonas del centro. «Estamos trabajando con total responsabilidad, poniendo los recurso a nuestro alcance para garantizar que la actividad sigue adelante», ha explicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Un centenar de profesionales del centro hospitalario se ha concentrado este mediodía a las puertas del Materno-Infantil para denunciar la situación y reclamar medidas ante la que es segunda reincorporación en este puesto de este profesional fruto de una decisión judicial.

Una situación que, han destacado desde CC.OO. Sanidad Madrid indicando que «puede poner en peligro la actividad quirúrgica y el programa de trasplantes del Hospital La Paz». En concreto, se trata de un centro «referente en España» en trasplantes de órganos sólidos y centro de referencia nacional (CSUR) para múltiples patologías complejas.

La plantilla habitual de la UCI Pediátrica está formada por diez adjuntos y el jefe de servicio. Según han denunciado los trabajadores, la segunda reincorporación del doctor De la Oliva ha provocado «la renuncia y baja colectiva de todos los facultativos adjuntos» de la unidad por «salud mental» ante las situaciones de «hostigamiento» de este profesional.

Varios sanitarios han indicado que el servicio «se presta con normalidad por el bien de los niños. El área infantil se ha volcado lo indecible».

El conflicto se remonta a 2020, con una investigación de la Dirección del centro que terminó en el cese del jefe de servicio tras una carta firmada por 37 profesionales, entre ellos varias personas de su mismo rango, en la que se denunciaba su actitud, con acusaciones de acoso, vejaciones y maltrato psicológico.

Posteriormente, fue restituido en su puesto como jefe del servicio por decisión judicial en febrero de 2023, incorporándose al centro en septiembre. Entonces, siete de los 13 pediatras que prestaban servicio en la UCI Pediátrica presentaron su baja.

Tras una solicitud impulsada por la Junta Técnica Asistencial, donde están representadas todas las categorías profesionales del centro, se instó a su cese por su incapacidad para gestionar el servicio.

El pasado mes de diciembre dejó su cargo en el centro pero el pasado lunes acudió a su puesto para informar de su nueva reincorporación, la segunda, a partir del martes como medida cautelar por una decisión judicial.

Diego Plaza, adjunto al servicio de Oncología del hospital, ha leído un comunicado en el que los trabajadores han mostrado su solidaridad con los profesionales de la UCI afectados, que habrían sufrido «un hostigamiento durante años».

Desde la consejería de Sanidad han recalcado que la reincorporación del doctor se debe a un auto judicial y han indicado que la UCI de Pediatría no ha sido cerrada. Profesionales de otros servicios, han explicado, están prestando asistencia a los pacientes, cuya atención «se presta con normalidad».

«El servicio se garantiza con recursos hospitalarios. Hablamos de un servicio muy sensible donde debe de prevalecer la atención a los menores y en eso está la Comunidad de Madrid», han indicado desde el departamento que dirige Fátima Matute.

Varias asociaciones pediátricas, entre ellas: Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION), Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HEPA), Fundación Menudos Corazones de apoyo a pacientes con cardiopatías congénitas, Asociación Española de Afectados de Fallo Intestinal y Trasplante (NUPA) y Asociación Española de Padres y Madres de Niños Nacidos Prematuramente (APREM) han firmado un comunicado.

En él hacen un llamamiento con la esperanza de que se tomen medidas inmediatas para garantizar la atención necesaria a los niños que afrontan condiciones médicas complejas.

En este contexto crítico, «es vital recordar el deber de garantizar los derechos fundamentales de los menores, entre ellos el derecho a recibir atención médica adecuada y oportuna», apuntan desde las asociaciones.

«Un centro hospitalario de la magnitud y prestigio del Hospital La Paz tiene la obligación de contar con un servicio tan esencial como es la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Esta unidad da soporte a niños de todo territorio nacional que, por lo grave y excepcional de sus patologías, sólo pueden ser atendidos en ella», subrayan las entidades pediátricas.

La UCI Pediátrica atiende cada año a más de 900 niños en estado crítico de todo el territorio nacional y con una gran complejidad médico-quirúrgica como trasplantes, cardiopatías congénitas, politraumatismos, accidentes, oncología, patologías metabólicas, enfermedades raras y graves, entre otras.