El PP de Madrid ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción
El PP de Ayuso puso en manos de Anticorrupción el caso por el que ha sido detenido al exasesor de Ábalos
En la denuncia de los populares se señalaban contratos por valor de 326 millones de euros
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha recordado tras la detención de un exasesor del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, por presunta corrupción en la compra de mascarillas, que en marzo de 2022 llevaron a la Fiscalía Anticorrupción doce contratos de compra de material sanitario por parte del Gobierno central.
«Parece que no íbamos muy desencaminados», ha deslizado Serrano en sus redes sociales junto a la noticia de la detención de Koldo García. El arresto lo ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por la supuesta vinculación con el cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia.
En este sentido, Serrano ha indicado que «en marzo de 2022 desde el PP en la Asamblea de Madrid denunciamos a la Fiscalía contratos de Ábalos, Illa y otros miembros del Gobierno de Sánchez con al menos siete empresas por un total de 326 millones».
En la denuncia de los populares se señalaban contratos por valor de 326 millones de euros vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño; al propio Ábalos y al ministro de Sanidad durante los primeros meses de la crisis sanitaria, Salvador Illa.
En la denuncia, se exponía que «hay una serie de contratos formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, que podrían ser casos y ejemplos de actuaciones por parte de los responsables, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de estado y el Tribunal de Cuentas».
El exministro de Transporte, José Luis Ábalos
Así, se refería a «la falta de solvencia del contratista, o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato».
En 2020, a preguntas del PP, Ábalos ya tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre el papel de su asesor Koldo García, en este caso en lo relativo al encuentro en Venezuela con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Igualmente, García pagó en efectivo más de 1.500 euros, a finales de 2020, en un lujoso hotel de la isla canaria de Tenerife para abonar los extras de las vacaciones del exmiembro del Gobierno de Sánchez y sus acompañantes.
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