El juez reclama el certificado de matrimonio de Begoña Gómez con Pedro Sánchez y rastrea sus cuentas corrientes

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, ha solicitado al Registro Civil Único de Madrid el certificado de su matrimonio con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también ha ordenado a la Policía Judicial consultar sus cuentas corrientes.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado a su vez fijar fecha para la declaración como investigado del directivo del IE Business School y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Le ha citado para el próximo 18 de diciembre, a las 11.00 horas, mismo día en el que tiene previsto acudir la propia Begoña Gómez.

Güemes compareció ayer en calidad de testigo ante el juez y salió como investigado tras reconocer que había dado la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el África Center.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez, en el marco del interrogatorio, apreció contradicciones entre la declaración del directivo y la versión que dio en sede judicial la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, sobre las razones que llevaron a la contratación de la esposa del presidente, por lo que vio pertinente que volviese a comparecer acompañado de un abogado.

En el marco de la resolución, el instructor también ha ordenado que se investigue en otro juzgado madrileño a Sonsoles Blanca Gil de Antuñano por un presunto delito de desobediencia, «al no atender al requerimiento realizado por este juzgado en su comparecencia realizada el 16 de octubre».

Esta batería de diligencias se enmarca en la investigación que dirige el juez sobre el trabajo de Begoña Gómez al frente del IE África Center, dependiente del IE, entre 2018 y 2022.

Se da la circunstancia de que en la denuncia de Manos Limpias, que dio origen a la causa, se indicaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center» y que este acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa del presidente del Gobierno y su equipo.