La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío AlbertComunidad de Madrid

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Madrid desmonta la trampa de la metáfora de la hipoteca del Gobierno para explicar la condonación de la deuda

Desde hace días, el Gobierno de Pedro Sánchez ha distribuido entre sus ministros el argumentario para defender la condonación de la deuda a las comunidades autónomas pactada con los independentistas catalanes. «Es como si te dicen que te van a quitar parte de la hipoteca permitiéndote seguir en tu casa», repiten una y otra vez para poner de manifiesto lo «absurdo» que, a su juicio, supondría negarse a semejante regalo.

Sin embargo, esa metáfora pueril y sin fundamento no ha colado en los gobiernos del Partido Popular y, en concreto, el de Isabel Díaz Ayuso se ha esforzado por hacer pedagogía para que los madrileños entiendan que esa «mal llamada» condonación de la deuda no es ningún regalo ni puede asemejarse a que te perdonaran la hipoteca, puesto que las deudas «no se evaporan, se reparten».

La consejera de Economía de Madrid, Rocío Albert, se enfundaba este miércoles el traje de profesora universitaria, faceta que ha desempeñado durante décadas, para desmontar la metáfora de la hipoteca que el Gobierno se empeña en defender para justificar sus cesiones a los independentistas catalanes.

«El Gobierno central utiliza una metáfora pero oculta la mitad. Dice '¿cómo no van a querer las regiones que les perdonen la deuda? Es como si no quisieran que a un ciudadano le perdonaran su hipoteca. Pero es que la metáfora está muy mal construida, no es así», lanzaba la doctora en Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

«No es que a ti te paguen tu hipoteca y al otro le paguen su hipoteca sino que, en el caso de Madrid, por ejemplo, hemos sido siempre cumplidores de la estabilidad presupuestaria. Como si tuviéramos una casa en la que tenemos unos muebles sencillos, en la que no nos hemos permitido grandes lujos, no hemos hecho las reformas que nos hubiera gustado porque teníamos que cumplir con las reglas, no teníamos que endeudarnos, teníamos que pagar todos los servicios», exponía.

Sin embargo, agregaba, «el vecino del quinto, llamado en este caso independentistas de Cataluña, ha decidido poner mármol Travertino, ha salido todas las noches, ha hecho unas reformas que ya le hubiera gustado a Madrid, que era el vecino del segundo. Y todo lo que ha obtenido Madrid es que ahora, todas esas deudas que es incapaz de pagar el del quinto, las vamos a tener que pagar los madrileños».

Se da la circunstancia, además, que cuando se hacen los cálculos «la hipoteca que tenían que pagar los independentistas catalanes que era de unos 3.800 millones de euros, pues ahora se la pasan a los madrileños y lo madrileños, que somos los hipotecados del segundo, que no hemos salido de nuestra casa, que no hemos llevado de vacaciones a nuestros niños, que no les hemos hecho la reforma que teníamos tantas ganas para que tuvieran un cuarto de estar donde ver la tele, pues ahora, nos vemos obligados a pagar 500 euros más».

Por eso, resumía Albert, Madrid se opone a este sistema que quiere «que los madrileños paguemos los desmanes de los independentistas catalanes». Y es que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno de Ayuso, esa condonación de la deuda va a suponer que los madrileños deban casi 500 euros más de deuda al Estado que lo que debían hasta ahora, mientras que los catalanes se van a ahorrar algo más de 400 euros.

Plantón a Montero

Poco después de estas explicaciones, la consejera de Economía madrileña, junto con sus homólogos de las comunidades del PP, plantaban a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este miércoles por la tarde.

Los doce consejeros autonómicos de las respectivas comunidades del PP, más las dos ciudades autónomas, abandonaban en bloque la reunión tras menos de una hora, al considerar que la propuesta de quita de 83.000 millones de euros trasladada Montero debería haberse negociado en el propio CPFF, en lugar de venir marcada de antemano.

«El Gobierno nos impone cada día nuevas obligaciones, pero no nos da más recursos para que las podamos cumplir. Sólo atienden a los independentistas y se olvidan del resto», lamentaba Albert.

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