Ayuso abre un nuevo frente judicial con Sánchez por la ley Bolaños que costará a Madrid 43 millones de euros

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un requerimiento previo al Gobierno central instándole a «cumplir con sus obligaciones legales» respecto a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (más conocida como ley de Eficiencia o ley Bolaños) el cual, «de no ser atendido, llevará a formular el oportuno recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo».

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un desayuno informativo de Europa Press, en el que ha recordado que esa nueva legislación va a costar a las arcas públicas de Madrid 43 millones de euros, mientras que no ha recibido nada e financiación del Estado.

García Martín ha detallado que el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas; obligación que resulta «esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas para sufragar y compensar esos costes». Hasta la fecha, ha subrayado, no se ha recibido financiación por parte del Estado.

El consejero ha denunciado que se trata de una norma que se ha hecho «sin contar con las comunidades autónomas que tenemos competencias en esta materia y, por lo tanto, la responsabilidad última de su ejecución, ni tampoco con el Poder Judicial».

Asimismo, el consejero ha informado que ha enviado una nueva carta al ministro de Justicia, Felix Bolaños, instándole a convocar una nueva Conferencia Sectorial de Justicia que incluya seis puntos esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, que incluye la financiación de la ley de Eficiencia.

Una petición que se produce después de que el pasado viernes, las siete comunidades del PP con las competencias transferidas de Justicia plantaran a Bolaños en la reunión que se celebra en Barcelona para abordar esa legislación por ser un «paripé» en el que Bolaños «lo único que buscaba era una foto» en vez de «hablar de cosas esenciales» como «la financiación de los juzgados».