Un total de 11 residencias regionales crearán 81 unidades de convivencia reducida en Madrid

Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha detallado que un total de 11 residencias de mayores y de personas con discapacidad, de una titularidad pública, crearán 81 unidades de convivencia reducida. Esta iniciativa requerirá una inversión de 59 millones de euros del Gobierno regional.

Con el objetivo de reproducir la estructura y el funcionamiento de un hogar, estas zonas rurales tendrán un máximo de 25 plazas y contarán con diferentes estancias comunes: comedor, sala de estar, cocina, entre otras.

La residencia mencionada será uno de los centros que ofrecerá esta unidad de convivencia. A día de hoy, en ella se trabaja en una renovada zona de rehabilitación para terapia ocupacional y fisioterapia, una unidad de enfermería y la ampliación del espacio del centro de atención diaria.

Se busca «crear espacios confortables para que los residentes se encuentren como en casa», ha sostenido la consejera. Por lo tanto, se suman otros 2,5 millones de euros a la inversión, destinados a proyectos de decoración e innovación de mobiliaria en estas unidades, en las residencias de Madrid Sur, Usera y Peñuelas.

Los 81 recursos se ubican en varias instalaciones de la Agencia Madrileña de Atención Social. Concretamente, en la Residencia Navalcarnero y en la capital en la de Manoteras, la de Doctor González Bueno, la Isabel de Castilla para jóvenes ex tutelados con discapacidad y en la de Fray Bernardino. Esta última se convertirá en el primer complejo residencial público para personas con discapacidad intelectual, en fase de envejecimiento prematuro.

Por su parte, también se está abordando la mejora de las residencias de mayores de gestión indirecta de Madrid Sur, Usera, Peñuelas, Parque de los Frailes, Parque Coímbra y Plata y Castañar.

Nueva orden para mejorar la calidad de los centros

Durante noviembre de 2024, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales aprobó una nueva orden de acreditación con el fin de mejorar los requisitos de calidad que deben reunir los centros y servicios de atención social para formar parte de la red pública.

Asimismo, las nuevas residencias de mayores que sean construidas en la región dispondrán de una capacidad máxima de 150 plazas, mientras que las destinadas a personas con discapacidad, un máximo de 50. Cabe destacar que al menos la mitad de sus habitaciones serán individuales, y el resto para no más de dos personas. Por ello, la atención será personalizada, con la asignaciones de un profesional con atención directa para cada usuario.