La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoEuropa Press

Comunidad de Madrid

Ayuso defiende que su régimen sancionador universitario sigue la línea de una ley estatal de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de «noticia falsa» una información publicada este miércoles por El País con el titular «Ayuso planea fuertes multas contra las protestas en universidades».

La dirigente autonómica ha puesto un mensaje en sus redes sociales donde asegura que la noticia «es falsa», acompañado de una imagen de la portada del periódico de Prisa, que ha optado por llevar de tema principal en su primera página esa cuestión del borrador de la ley universitaria de Ayuso, justo un día después que la UCO haya registrado la casa del ex ministro José Luis Ábalos.

Un extremo que ha llamado la atención de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que ha emitido esta mañana un comunicado para aclarar lo que dice el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que, ha asegurado, «lleva anunciado desde hace más de un año».

El departamento comandado por Emilio Viciana ha acusado a El País de «manipular hasta la falsedad» el contenido del régimen sancionador del borrador de su ley universitaria, que, enfatiza, «no contraviene ninguna norma estatal».

Al contrario, afirma, «sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022».

Esta ley, en su artículo 8, atribuye a las universidades públicas «la potestad de sancionar disciplinariamente las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter civil o penal que pudiera derivarse de tales infracciones».

Según Viciana, lo que protege la ley madrileña es «la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra». En definitiva, sentencia, «protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios».

Así pues, censura la interpretación que hace El País en su información y aclara que este régimen sancionador, lejos de atentar contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, lo que hace es «garantizarlas». «Da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente», señala la consejería en el citado comunicado, así como el propio Viciana en un vídeo que ha difundido con el mismo contenido que el comunicado.

Los casos más graves en el marco de ese régimen sancionador, ahonda el Ejecutivo, «ser reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales».

Régimen sancionador

El régimen sancionador del borrador de la ley que el Ejecutivo regional lleva más de dos años preparando y debatiendo con los rectores de las seis universidades públicas de Madrid contempla, según la información adelantada por El País y confirmada posteriormente por Europa Press, multas que van desde los 15.000 euros a los 100.000 euros por la realización de «manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus» o por «permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias».

Asimismo, incluye multas de entre 300 a 15.000 euros por «colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados».

El texto recoge una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como «no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra» con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

Así, en este apartado se incluye «ejercer o amparar, por acción o por omisión, cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» o también «impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario».