​Las claves de la nueva ley de universidades de Ayuso que protege el español y contra la que clama el PSOE sin haberla leído

La nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid verá la luz definitivamente el próximo mes de diciembre, una vez pase el correspondiente trámite en la Asamblea de Madrid. Ese es el calendario que ha fijado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes desgranó algunas de las principales novedades que incluirá esta legislación que todavía se sigue negociando —y ya van más de dos años— con todos los actores implicados.

A pesar de que todavía no está el texto listo y lo único que se conoce son las someras pinceladas que ofreció ayer la dirigente popular, el PSOE se ha lanzado a atacarla ferozmente. «Advierto y alerto: no ha habido en democracia un mayor ataque a las universidades públicas que el proyecto de ley que está preparando la señora Ayuso», manifestó el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López.

Unas declaraciones que sorprendieron al portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. «No ha podido leer aún el texto del anteproyecto de ley, pero Oscar Paradores ya sabe que ataca a la Universidad, lo que demuestra que es un mero charlatán de la política», escribió en sus redes sociales, antes de defender que «frente a los que se sirven de la universidad pública para sus negocietes y cátedras fraudulentas, la Comunidad de Madrid sigue apoyando y financiando con más recursos que nunca la universidad de todos».

Precisamente, uno de los puntos que va a incluir la ley, que va a recibir el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), es la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones. Algo que va a incluir para evitar situaciones como las vividas con la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, la ley, que va a ser la primera de toda España que va a unificar todas las enseñanzas superiores (las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios) va a poner especial énfasis en proteger las Humanidades, así como en fomentar la lengua española en la vida universitaria.

En este sentido, va a rebajar las tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que los españoles o los estudiantes europeos, al tiempo que se va a exigir un mínimo de español homologado para estudiar tanto en universidades públicas como privadas, con la única excepción de los títulos que se impartan en origen en otro idioma.

Otra de las claves de esta nueva legislación va a ser la creación de un distrito único de prácticas, con una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática con el objetivo de que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas.

En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.

Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.

Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.

Cabe recordar que el sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas). La Comunidad de Madrid, que tiene el 14,4% de la población española, concentra el 22,4 % de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9 %) que porcentaje de población (16,5 %); o Andalucía, con un 17,7 % de población y un 17,3 % del total de universitarios del país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid cursan en la pública.