Madrid defiende a los más de 100.000 alumnos de sus 13 universidades privadas tras los ataques del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una cruzada contra las universidades privadas que, en el caso de Madrid, aglutinan a más del 30 % del total de alumnos universitarios de la región. Después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arremetiera contras las universidades privadas en un mitin del PSOE andaluz el pasado domingo, ayer Sánchez recogió el testigo y, además de continuar atacando a estos centros, anunció que este martes el Consejo de Ministros aprobará el endurecimiento de los criterios para su creación.

En este contexto, desde el Gobierno madrileño que capitanea Isabel Díaz Ayuso han salido en defensa de la universidad privada. En concreto, en Madrid existen 13 universidades privadas –San Pablo CEU, CUNEF, ESIC, Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, UDIMA, Europea, Francisco de Vitoria, UDIT, UNIE, Villanueva y Pontificia Comillas– donde estudian 112.132 de los 358.881 alumnos que tienen todas las universidades madrileñas.

Además, otros 13.341 estudian en los centros adscritos a las universidades públicas y otros 29.078 en los centros asociados de Madrid y Madrid-Sur de la UNED. Mientras tanto, 204.320 alumnos estudian en las seis universidades públicas madrileñas –Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos–.

Según fuentes de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid, en la comunidad «coexisten perfectamente» las universidades públicas y privadas y estas últimas se autorizan cuando pasan «todos los filtros», tanto estatales como autonómicos, establecidos.

Además, recuerdan que la nueva ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que está ultimando el departamento comandado por Emilio Viciana va a establecer un «marco normativo» que defina pormenorizadamente la actividad de los centros universitarios para evitar «intrusismo y chiringuitos», de manera que exista «seguridad jurídica» en el ámbito universitario.

Con todo, Sánchez no ha dejado pasar la oportunidad para, como hace con cualquier pretexto, arremeter contra Madrid, comunidad que, a su juicio, «extiende una alfombra roja a la creación de universidades que no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales».

Algo que niega Viviana, quien considera los ataques a la universidad privada «una vergüenza» y «una hipocresía», si tenemos en cuenta que «más de la mitad de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez se han formado en grado o en master en la universidad privada», incluido el propio presidente del Gobierno que se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial y es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, de titularidad privada.

Además, el consejero también ha criticado el escándalo de la cátedra de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en la Universidades Complutense. «Ahora tachan de chiringuitos a las universidades privadas cuando su propia familia ha puesto en peligro el buen nombre de la pública», ha censurado en un mensaje en la red social 'X'.

«La hipocresía de Sánchez no conoce límites: él mismo y más de la mitad de su Gobierno se han formado en universidades privadas. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaremos siempre al lado de las universidades públicas y privadas, defendiendo la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, a los alumnos y a sus familias», ha agregado.

Para Isabel Díaz Ayuso, las declaraciones de Montero «amenazando y denigrando» las universidades privadas no sólo son «inaceptables», sino que «rayan en la ilegalidad». Para la dirigente madrileña, atacar estos centros atenta contra «la libertad de empresa y educativa, contra la seguridad jurídica y la neutralidad institucional».

Cabe recordar que, a pesar de que Madrid todavía no ha terminado su nueva ley de universidades, que, a grandes rasgos, buscará compensar, dentro de las competencias autonómicas, «los excesos ideológicos, el intervencionismo y la imprevisión presupuestaria de la LOSU», la ministra del ramo, Diana Morant, ya arremetió hace meses contra una legislación que considera un «plan oculto de privatización».

Unas críticas que le afearon desde el Ejecutivo regional puesto que la ministra aún no ha podido leer ni siquiera el texto legislativo. Lo que está claro es que, si recibe críticas sin publicar, una vez Madrid de a conocer su nueva ley el Gobierno de Pedro Sánchez librará una nueva batalla contra Madrid con este pretexto. Y ya está preparando el terreno.