Varios Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en una imagen de archivo
Las Brigadas Forestales de Madrid vuelven a la huelga y rechazan adherirse al convenio estatal: «No es una opción»
Aseguran que se trata de «servicios totalmente diferentes» y que «solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla»
El próximo jueves 28 de agosto habrá un nuevo encuentro entre los representantes del comité de empresa, Tragsa y Comunidad
Expirados los diez días de interrupción por la «devastadora situación» que atraviesa el país debido a los incendios, las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid vuelven a la huelga para reclamar sus reformas laborales. Sin embargo, lo hacen con una reunión a tres en el horizonte entre la empresa pública Tragsa, representantes de los profesionales y la Comunidad de Madrid el próximo 28 de agosto.
El comité de empresa —conformado por los sindicatos UGT, Firet y CGT— aseveró que «hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga, que recordamos es con carácter indefinido». Asimismo, recordaban el encuentro del pasado 18 de agosto al que emplazaron tanto a la empresa contratante como al Ejecutivo regional sin que ninguno de los dos acudiera.
Con unos servicios mínimos del 80 %, los efectivos demandan negociar un nuevo convenio colectivo, sin revisarse desde 2008 —estos se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid—. Denuncian la precariedad y la temporalidad —en la que el 40 % de la plantilla está activa durante cuatro meses al año—, con unos salarios congelados desde 2010 y mejoras en sus bases, de las que apuntan que llevan 20 años abandonadas.
El pasado viernes, por su parte, tanto el presidente de Tragsa, Jesús Casas, como el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se reunieron para desatascar la situación. En ella, Madrid confirmó que renovaría el encargo de la prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al cuerpo de Bomberos autonómico, así como un aumento en la partida de cuatro millones, superando los 32 millones anuales.
Bomberos forestales de la Comunidad, en una imagen de archivo
«Crearía más inseguridad jurídica»
Estas propuestas contemplarán la contratación durante 12 meses y la posibilidad de acogerse al convenio de las BRIF dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, publicado en el BOE la semana pasada. Casas se mostró abierto a cumplir con estas sugerencias «si en enero nosotros recibimos un encargo con unas condiciones diferentes». Igualmente, se excusaba en que están «ejecutando el encargo con las condiciones que tienen el actual», siendo la empresa adjudicataria la única con autoridad para negociar un nuevo convenio.
El comité de empresa de las Brigadas Forestales de la región ha manifestado que adherirse a la nueva regulación estatal «claramente no es una opción», ya que se trata de «servicios totalmente diferentes» y que esto «solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla».
Desde la consejería aludían a la «muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España» y que se trata de una opción «perfectamente legal» si se alcanza un acuerdo entre los representantes y la empresa. Sobre esto, Novillo defiende que, de esta manera, se alcanzaría «una homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones».
Apoyados en un informe encargado a la Dirección General de Trabajo, la Comunidad, sostiene que la «imposibilidad legal» de llevar a cabo las negociaciones para un nuevo convenio sectorial.
La Agencia de Seguridad de Emergencias Madrid 112 (ASEM112) «no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias». En el texto se alude a que es Tragsa la que puede hacerlo para «su propio convenio de empresa».