Madrid pide una «auditoría independiente» por los fallos de las pulseras antimaltrato ante la «indolencia» del Gobierno

La Comunidad de Madrid ha anunciado la convocatoria extraordinaria para este lunes del Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer. En la reunión, prevista para las 10:00, se adoptará un acuerdo para reclamar información al Gobierno central sobre la gestión de las pulseras antimaltrato.

Así lo comunicaba consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien afirmaba que con los fallos en estos dispositivos se ha puesto en peligro «a muchas mujeres víctimas de violencia ante la indolente mirada y pasividad del Gobierno», al que ya se había alertado en varias ocasiones.

Relataba las advertencias recibidas por el Ejecutivo de Sánchez de la presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y distintas actas de reuniones de todos los presidentes de las audiencias provinciales o la memoria de la Fiscalía de 2024.

«Dice ser el Gobierno más feminista de la historia y es el que más daño ha hecho a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia», señalaba el también portavoz de la Comunidad de Madrid. Este hecho se suma a las «miles de rebajas de condenas a miles de agresores sexuales y cientos de excarcelaciones a violadores» provocadas por la ley del 'solo sí es sí', la ley 'trans' «que ha creado víctimas de primera y de segunda» o la presentación de leyes para abolir la prostitución a la vez que «el máximo dirigente socialista ha sido partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución».

«Una gran auditoría independiente»

Por ello, el Gobierno autonómico exigía a Sánchez que asuma sus responsabilidades, pida perdón a las víctimas afectadas y se lleve a cabo una «gran auditoría independiente» para esclarecer «la magnitud de este escándalo sin precedentes».

«Es imprescindible saber cuántas mujeres se han quedado sin la protección que necesitaba, cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos dando lugar a archivos o a posibles absoluciones de maltratadores y saber cuántos maltratadores se han beneficiado de esta cadena de errores», señalaba García Martín.

Del mismo modo, reclamaba la dimisión de todos sus cargos actuales tanto de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, como de su predecesora, Irene Montero. «Deben pedir perdón cuanto antes y abandonar para siempre la política por el daño grave que han causado a tantísimas mujeres en nuestro país», sentenciaba.