Un alto cargo de Óscar López media con Vodafone para salvar a la ministra Redondo: «Hay que apagar el fuego de las pulseras como sea»

Un alto cargo del ministerio de Transformación Digital, dependiente de Óscar López, ha mantenido en los últimos días contactos con la cúpula de Vodafone, la empresa adjudicataria de los dispositivos telemáticos de control de maltratadores encargados por el Ministerio de Igualdad. Tal y como ha podido saber El Debate, el objetivo de estas gestiones es diseñar una estrategia conjunta para blindar políticamente a la ministra Ana Redondo tras el estallido de la polémica por el mal funcionamiento de las llamadas «pulseras antivioladores». La consigna, trasladada de forma interna, es clara: «Hay que apagar el fuego como sea».

Se trata de Matías González Martín, actual secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital. Antiguo directivo de Vodafone durante más de dos décadas, abandonó la compañía en 2021 para incorporarse al gabinete de la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño. Apenas año y medio después, fue promovido por el Consejo de Ministros como secretario general de Telecomunicaciones, cargo que ratificó en 2024 el López al asumir la cartera de Transformación Digital y Función Pública.

En el marco de la crisis de las pulseras, González ha mantenido en los últimos días conversaciones discretas con responsables de Vodafone con el fin de articular un discurso común que reduzca el impacto reputacional de la polémica y, sobre todo, que neutralice el coste político para la ministra de Igualdad. La consigna que este subordinado del ministro López ha trasladado, según indican directivos del gigante tecnológico a este periódico es: «Hay que apagar el fuego de las pulseras como sea». Aunque se trata de gestiones de carácter reservado, distintas fuentes señalan que se enmarcan en una operación diseñada desde el propio ministerio, en la que Óscar López mantiene un control directo de los movimientos. En cambio, desde Vodafone niegan a El Debate que González haya contactado con la cúpula de la compañía. «Si ha llamado a a algún antiguo compañero es a título personal», remarcan.

La polémica estalló cuando se conoció que Vodafone había recibido la adjudicación del contrato de estos dispositivos a un precio sensiblemente inferior al ofertado en licitaciones anteriores. Hasta ahora, el servicio estaba en manos de Telefónica, cuya red cubre la totalidad del territorio nacional. En cambio, Vodafone, según advirtieron expertos del sector, no garantiza la misma cobertura en áreas rurales, lo que incrementa los riesgos de desconexiones y fallos.

En paralelo, las declaraciones de la ministra Ana Redondo han alimentado la disputa política. La titular de Igualdad sostiene que la polémica responde a «una amalgama de bulos» y a un «ataque partidista de la oposición que utiliza a las víctimas para desgastar al Gobierno». Desde el PP, en cambio, se denuncia que el contrato se adjudicó de forma precipitada y que los fallos detectados en el sistema comprometen la seguridad de mujeres amenazadas por sus agresores. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya alertó en su momento sobre los riesgos derivados de una implantación apresurada de nuevas tecnologías de control. También la Fiscalía, a través de sus secciones especializadas, denuncio la necesidad de extremar las garantías en un asunto de tanta sensibilidad y dio la voz de alarma sobre la existencia de casos en los que las pulseras estaban fallando de manera sistemática.

A estas voces se suman ahora los testimonios de mujeres que han comenzado a relatar fallos en el funcionamiento de las pulseras. Numerosas víctimas han expresado su temor al darse cuenta de que los dispositivos no están cumpliendo su función en situaciones de riesgo real. También han aflorado la existencia de grupos de Telegram de personas que llevan las pulseras por obligación judicial donde se dan indicaciones sobre cómo desbloquearlas.