El calvario durante un año de González Amador y cómo el caso del fiscal general tensionó la política madrileña

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a 12 meses de multa e inhabilitación durante dos años por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante algo más de un año tanto él como la política madrileña han vivido capítulos de tensión. La causa comienza con una denuncia de la Fiscalía de Madrid tras una inspección de Hacienda sobre la sociedad de la pareja de Ayuso, a quien se acusa de haber montado un esquema de facturas falsas para defraudar en torno a 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.

En paralelo, su defensa abrió una vía de negociación con la Fiscalía: un correo remitido el 2 de febrero de 2024 en el que su abogado planteaba reconocer dos delitos fiscales y pagar una multa para evitar la prisión. Ese correo, que debía moverse en el circuito reservado de la negociación procesal, acabó, sin embargo, en varios medios de comunicación.

A partir de ahí, González Amador sostiene que su vida saltó por los aires. En el juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, el empresario relató cómo, tras la publicación del email, «pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España», afirmando que el entonces fiscal general le había «matado públicamente».

Ante el Supremo, se presentó como pieza de una operación política: una «moneda política» utilizada para atacar a la presidenta madrileña a través de sus problemas con Hacienda. En otro momento, llegó a asegurar que este proceso le dejó ante una disyuntiva límite al señalar que o «me voy de España o me suicido».

Hay que recordar que el 24 de febrero, al abandonar los juzgados de Plaza de Castilla, una cámara impactó contra la cabeza de González Amador en medio del tumulto de periodistas. Otro caso de agresión o poca intimidad fue la fotografía de la pareja de Ayuso con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en un bar de Madrid.

En cuanto al suceso del cámara, el Gobierno madrileño señaló el suceso como una prueba de la falta de garantías hacia la pareja de la presidenta, insistiendo en que formaba parte del clima de presión y hostilidad generado por el caso.

Tensión en la política madrileña

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en varias ocasiones un uso excesivo de las instituciones contra ella. En uno de sus mensajes más duros habló de una «operación de Estado contra un rival político».

También vinculó el presunto acoso judicial a un intento de «matarla políticamente» desde el Gobierno central, simplificando la crisis en un relato de enfrentamiento personal con Pedro Sánchez y su entorno.

Cuando se produjo el episodio de la cámara, Ayuso afirmó que su pareja había sido «agredido» y señaló la falta de un dispositivo de seguridad adecuado por parte de la Delegación del Gobierno, enmarcando ese suceso en lo que consideraba un «juicio político».

Durante meses, el «caso González Amador» ha monopolizado los plenos en la Asamblea de Madrid. PSOE y Más Madrid han exigido responsabilidades a la presidenta no solo por el presunto fraude fiscal, sino por la gestión política del escándalo, señalando especialmente al jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar y Manuela Bergerot, atacaron a Ayuso, y cargaron contra González Amador, al que llegaron a llamar «caradura» y del que dijeron que «se ha hecho de oro gracias a los delitos».

Además, el caso del fiscal general provocó la salida del exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato, tras registrar su conversación con la jefa de gabinete del actual ministro Óscar López, donde se hacía referencia al correo de la pareja de Ayuso a la Fiscalía.

La izquierda ha negado la existencia de cualquier operación de Estado, insistiendo en que lo que existe es «un caso clásico de corrupción de entorno». Por su parte, Más Madrid ha reivindicado que «el caso del novio es el caso de Ayuso», insistiendo en que el entramado fiscal supone un «pelotazo» y una muestra de «sensación de impunidad».

Futuro de González Amador

La guerra política entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central ha dejado un clima de confrontación. Moncloa acusa a Ayuso de «victimizarse para tapar un fraude fiscal», mientras el Gobierno madrileño denuncia una «instrumentalización partidista» de la Fiscalía.

En la actualidad, la causa principal contra González Amador por fraude fiscal y falsedad documental continúa su curso en los juzgados madrileños. La Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento.