Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por no tener registro de objetores y le replica que solucione la huelga de médicos

El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no crear un registro de objetores de conciencia. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirmaron en octubre de 2025 que este registro «pone en peligro» varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española, y ha advertido de que en Madrid no se va a hacer «una lista negra de médicos».

Fuentes de la consejería de Sanidad han confesado a El Debate que ante esta denuncia, «lo que tiene que hacer la Ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, Mónica García, es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante.»

Fue la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quien señaló que «pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Asimismo, también señaló el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 9 de Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ayuso subrayó el artículo 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 1997, que defiende que conforme a la ética, un médico que en razón de sus condiciones personales pueda negarse a practicar un aborto; y al artículo 34 del Código de Odontología Médica.

«Pregúntale a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se ha dejado a ustedes», ironizó la mandataria autonómica.

A renglón seguido, negó que la Comunidad de Madrid vaya a «obligar a un médico» a actuar «contra su conciencia y su libertad» y que no va a hacer «nunca» una «lista negra de médicos».

Asimismo, cifró en 106.000 los abortos que se hacen en España al año por lo que en una década «se ha abortado a un millón». «¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Un fracaso, porque además, en la mayoría de los casos, se podría evitar».

Por último, insistió en que «no se va a señalar a nadie» ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a «ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo».