Ayuso llevará a los tribunales la pretensión de Illa de exigir a los inmigrantes que sepan catalán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que su Gobierno llevará a los tribunales la pretensión de Pedro Sánchez de que el catalán sea requisito para acoger o no a inmigrantes en esa comunidad autónoma. «Es ilegal», ha aseverado en un mensaje que ha colgado en sus redes sociales.

«Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera», ha censurado, antes de avisar de que su Ejecutivo dará «los pasos necesarios en los tribunales para evitar esta ocurrencia» que ha tildado no sólo de ilegal sino de «xenófoba».

Esta respuesta de Díaz Ayuso se produce después de que este jueves el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, anunciara que el Ejecutivo de Salvador Illa presentará una enmienda al proyecto de real decreto estatal de regularización extraordinaria de migrantes para que el aprendizaje del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación del permiso de residencia. La medida fija un plazo de un año para que las personas regularizadas acrediten que han iniciado su formación lingüística.

En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, Vila precisó que el nivel exigido será inicial y que lo determinante no será la fluidez, sino la constatación de que el proceso de aprendizaje ha comenzado. La acreditación podrá obtenerse mediante cursos organizados por la Generalitat o a través de otras vías formativas.

La iniciativa se enmarca en el despliegue del llamado Pacto Nacional por la Lengua, cuyo primer balance semestral refleja 71 medidas completadas y 124 en ejecución. El Govern considera que estos indicadores confirman que el plan avanza «a buen ritmo» y consolida el catalán como lengua de inclusión y participación.

Aval del ministerio de migraciones

Según han apuntado fuentes del ministerio de Migraciones del Gobierno de España, la pretensión del presidente catalán entraría dentro de la legalidad. Así, desde el departamento comandado por Elma Saiz, explican que «siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria», se podría otorgar una «prórroga» con un informa favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que, entre otras cosas, «acreditaran el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona». «Todo ello en coherencia con lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones», apuntan.

Con todo, inciden en que el texto del Real Decreto todavía está en fase de tramitación, lo que significa que aún debe pasar varias fases antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Entre ellas, se incluye la solicitud de informes a instituciones como el FISI y, finalmente, al Consejo de Estado. Por tanto, afirman «aún no disponemos de un texto definitivo».

En todo caso, matizan estas fuentes, «en esta fase de audiencia pública, se admitirán diferentes aportaciones realizadas, que en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo» y señalan que «para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización, las personas se pueden acoger a los itinerarios de arraigo contemplados en el RELOEX que contemplan varias opciones como el arraigo por formación, por empleo, etc».