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Cataluña
El gobierno de Illa vinculará la regularización de inmigrantes a que aprendan catalán
La propuesta plantea que los beneficiarios del proceso extraordinario acrediten en un año haber iniciado el aprendizaje del idioma
El gobierno catalán ha decidido situar el conocimiento de la lengua, del catalán, en el centro de su política de integración. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciado que el ejecutivo de Salvador Illa presentará una enmienda al proyecto de real decreto estatal de regularización extraordinaria de migrantes para que el aprendizaje de la lengua se tenga en cuenta en la primera renovación del permiso de residencia. La medida fija un plazo de un año para que las personas regularizadas acrediten que han iniciado su formación lingüística.
En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, Vila ha precisado que el nivel exigido será inicial y que lo determinante no será la fluidez, sino la constatación de que el proceso de aprendizaje ha comenzado. La acreditación podrá obtenerse mediante cursos organizados por la Generalitat o a través de otras vías formativas.
El consejero ha defendido que la lengua constituye «una herramienta real de integración» y ha asegurado que el Govern pondrá recursos suficientes para garantizar el acceso universal a la formación. Según datos oficiales, la administración ofrece más de 130.000 plazas anuales de cursos de catalán, cifra que prevé aumentar para absorber la nueva demanda derivada del proceso de regularización.
El «Pacto Nacional por la Lengua»
La iniciativa se enmarca en el despliegue del llamado Pacto Nacional por la Lengua, cuyo primer balance semestral refleja 71 medidas completadas y 124 en ejecución. El Govern considera que estos indicadores confirman que el plan avanza «a buen ritmo» y consolida el catalán como lengua de inclusión y participación.
El Departamento de Política Lingüística se integrará en los mecanismos de seguimiento del proceso de regularización para asegurar que la oferta formativa sea suficiente. En paralelo, la administración ha reforzado el sistema docente y de acreditación con nuevas titulaciones iniciales, como el certificado A1, y la ampliación de personal técnico del Consorcio para la Normalización Lingüística, que ha incorporado más de un centenar de profesionales para ampliar horarios, localidades y perfiles de alumnado.
El alcance territorial del pacto lingüístico también ha crecido. Hasta ahora se han adherido 226 municipios, que representan el 62,41 % de la población catalana, es decir, más de cinco millones de habitantes, entre ellos Barcelona y ciudades como Hospitalet de Llobregat, Lleida, Tarragona, Mataró, Reus, Cornellà de Llobregat, Vic, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa y Sant Andreu de la Barca, además de localidades de menor tamaño.
La estrategia lingüística del Govern no se limita al ámbito migratorio. El informe detalla intervenciones en justicia, con incentivos económicos para actuaciones jurídicas en catalán; sanidad, mediante programas formativos para profesionales; educación, con refuerzo de la didáctica de la inmersión lingüística; y mercado laboral, donde se negocian planes de formación con sindicatos y patronales.
Con una inversión superior a tres millones de euros y una plantilla estructural de 109 trabajadores en el departamento, el ejecutivo catalán aspira a sumar 100.000 nuevos hablantes anuales hasta alcanzar los 600.000 en 2030. En ese horizonte, la exigencia lingüística vinculada a la regularización se plantea como un mecanismo de incentivo más que de exclusión: un mensaje político que convierte el aprendizaje del catalán en condición simbólica y práctica de pertenencia.
