Multas de 500 € y llamadas a la Policía: el alcalde de un pueblo de Madrid impone una «dictatura» en los plenos

El alcalde del pequeño municipio madrileño de Serranillos del Valle, Rubén Fernández Díaz, del partido local Transparencia y Democracia (TDS), impone en los plenos del Ayuntamiento un clima de «intimidación y dictadura», según han denunciado desde el Partido Popular.

El portavoz de la formación, Juan Quintana, sufrió en el último pleno, celebrado el pasado jueves, el último episodio de una actitud que, denuncia, no es algo aislado, sino que «pleno tras pleno se repiten situaciones de censura, impedimentos para intervenir y sanciones económicas dirigidas a los concejales con el objetivo de limitar su labor de control al Gobierno municipal».

Y es que el Ejecutivo aprobó en 2024 la modificación de su Reglamento Orgánico Municipal (ROM), de tal manera que se incluyeron sanciones de 200 euros por interrumpir las sesiones cuando no se tenga el uso de la palabra y 500 euros por proferir insultos, ofensas y faltas de respeto en las sesiones plenarias.

Un precepto que desde el Partido Popular consideran «nulo de pleno derecho». «Estas modificaciones propuestas no solo son restrictivas y coartan nuestra libertad, sino que además, otorgan al alcalde poderes casi dictatoriales. Se nos quiere hacer creer que es aceptable que una sola persona, desde su posición de poder, decida arbitrariamente lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto, sin espacio para el diálogo o el debate», aseguró Quintana cuando se introdujo este régimen sancionador, del que ya ha sido víctima en numerosas ocasiones.

Sin ir más lejos, en el último Pleno el alcalde tarda apenas unos minutos en amenazar al concejal con esas multas e incluso llega a pedir su expulsión del Pleno por la Policía porque, durante tu turno de palabra, criticó cómo se había elaborado el acta de un pleno anterior.

En las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico se puede observar como, primero, el alcalde da la palabra al portavoz del PP en el marco de la aprobación del borrador del acta ordinaria del pleno celebrado el 22 de diciembre de 2025. Cuando comienza su intervención, Quintana critica que la documentación que se les aporta en los plenos no es completa, un extremo que, para el alcalde, no tenía que ver con el tema que se estaba tratando.

«No, no me estoy desviando», señala el portavoz del PP, a lo que Fernández replica dándole un primer aviso. «Estoy hablando de los decretos y de las actas», explica el concejal, perplejo, y a continuación, conocedor de las prácticas del alcalde, añade: «¿Usted lo que quiere ya es multarme?». Algo que ocurre acto seguido: «Tiene usted la sanción de 200 euros, se la ha ganado usted». Quintana protesta: «¡Esto es una dictadura!» y el alcalde insiste en que él es el presidente y pide llamar a la Policía para que sea expulsado de la sesión plenaria.

«Me ha interrumpido en diversas ocasiones, le he dado tres avisos y el ROM contempla que después puedo echarle del pleno», asevera Fernández. Después de un breve diálogo, el alcalde le da «una última oportunidad», no sin antes advertirle que «a la próxima vez que me interrumpa -a pesar de que era Quintana quien estaba en uso de la palabra-, se va fuera del pleno».

«El acta no recoge ni el debate ni las distintas posturas a la hora de acordar los acuerdos, tendremos que adoptar medidas que sean necesarias para que las actas se redacten como en todos los Ayuntamientos», logra, al final, decir el portavoz popular.

Una «práctica constante»

Episodios como este, aseguran desde el PP, no son puntuales, sino «una práctica constante durante toda la legislatura, caracterizada por la falta de transparencia, el desprecio a las normas democráticas y el uso de mecanismos coercitivos para silenciar a la oposición».

A esta situación se suma la ausencia de explicaciones sobre cuestiones económicas de gran relevancia. En concreto, la oposición señala informes de la interventora municipal en los que constan 450.098 euros en gastos con reparo y 310.639 euros sin fiscalización previa en un presupuesto anual de cinco millones y medio de euros, lo que evidencia, a su juicio, «irregularidades graves y una alarmante falta de control en la gestión del dinero público» en el que hacienda ya solicitado un plan económico financiero.

Por otra parte, cabe recordar que el alcalde y su antecesor -cuñado y compañero de partido- Iván Fernández Heras, deberán declarar el mes que viene como investigado por presunta prevaricación en la contratación del carril ciclista y el paseo peatonal.

El Gobierno municipal también se encuentra en el punto de mira por la supuesta adjudicación irregular del servicio de seguridad privada de las Fiestas Patronales de agosto de 2025 a la empresa NCS Seguridad S.L. Una empresa que, según la oposición, no cumplía con los requisitos legales porque presentaba certificados negativos de Hacienda y de la Seguridad Social, por lo que no se encontraba en situación legal para contratar con la Administración.