El Ayuntamiento de Serranillos adjudicó «a dedo» la seguridad de las fiestas a una empresa 'prohibida'

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle ha denunciado públicamente la posible adjudicación irregular del servicio de seguridad privada de las Fiestas Patronales de agosto de 2025 a la empresa NCS Seguridad S.L. Una empresa que no cumplía con los requisitos legales porque presentaba certificados negativos de Hacienda y de la Seguridad Social, por lo que no se encontraba en situación legal para contratar con la Administración.

La denuncia se sustenta en una solicitud formal de acceso a la documentación registrada por el portavoz popular, Juan Manuel Quintana Bueno, el pasado 17 de febrero de 2026, al amparo del artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y del Reglamento Orgánico Municipal.

Según la documentación municipal correspondiente al reconocimiento extrajudicial de créditos de 2025, entre las facturas incluidas figura una emitida por NCS Seguridad S.L. por importe de 14.495,80 euros, en concepto de «servicio de seguridad sin arma Fiestas Patronales de Serranillos del Valle 2025», correspondiente a los días 8, 9, 15 y 16 de agosto.

Esa factura forma parte de un expediente que fue objeto de reparo suspensivo por parte de la Intervención municipal, al apreciarse insuficiencia de crédito y ausencia de trámites esenciales en el procedimiento. En el informe de Intervención (INFI-2025-265) se concluye expresamente la formulación del Reparo 38/2025, por no existir crédito adecuado ni expediente completo conforme a la normativa.

La Interventora comunicó formalmente el reparo al órgano gestor, advirtiendo de la suspensión de la tramitación hasta su resolución, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pese a la advertencia técnica, la Alcaldía elevó al Pleno una propuesta para resolver la discrepancia y reconocer extrajudicialmente las obligaciones derivadas de las facturas, alegando que los gastos ya habían sido ejecutados y que su no reconocimiento implicaría un enriquecimiento injusto de la Administración.

La propuesta incluía el conjunto de facturas de las fiestas patronales, entre ellas la correspondiente a NCS Seguridad, quedando el reconocimiento condicionado a la aprobación de la oportuna modificación presupuestaria.

Este mecanismo permite abonar facturas cuando no existía consignación presupuestaria previa o cuando el procedimiento no se tramitó correctamente, pero exige su convalidación por el Pleno.

Denuncia del PP

El Partido Popular vincula esta actuación municipal con la información publicada por El Debate, según la cual NCS Seguridad S.L. habría sido excluida en el Ayuntamiento de Alcorcón por presentar certificados negativos de Hacienda y Seguridad Social, lo que le impedía contratar con la Administración. Siempre según esa publicación, la empresa habría acabado prestando el servicio mediante una contratación verbal posteriormente declarada nula de pleno derecho.

En este contexto, el PP ha solicitado los expedientes completos de contratación de NCS Seguridad correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, incluyendo contratos, informes técnicos y de Intervención, resoluciones de adjudicación y, especialmente, los certificados acreditativos de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social en el momento de cada contratación.

Los populares advierten que no se trataría de un hecho aislado, sino de contrataciones reiteradas durante varios ejercicios. «Si se confirma que la empresa no reunía los requisitos legales para contratar, estaríamos ante una situación gravísima que afectaría directamente a la legalidad de los contratos y a la correcta gestión del dinero público», señalan los populares.

La formación subraya que no cuestiona la necesidad de reforzar la seguridad en las fiestas patronales ni el trabajo de los profesionales, sino «la forma en que se adjudican los contratos y si se ha actuado con el rigor que exige la ley».

El PP concluye que los vecinos «merecen saber si su Ayuntamiento ha actuado conforme a derecho o si, por el contrario, se ha gestionado el dinero público de manera temeraria», y advierte de que, en caso de confirmarse irregularidades, impulsará las iniciativas políticas y legales necesarias